Aeronaves con más de 30 años de antigüedad no podrán operar para servicio turístico

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(Aeronoticias).- Como parte de las medidas para fortalecer a la aviación civil y ante el accidente aéreo sucedido en Nasca la semana pasada donde los 7 ocupantes fallecieron, el Ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Enrique Cornejo informó hoy que sólo las aeronaves con un antigüedad máxima de 30 años podrán brindar servicio de transporte aéreo especial turístico nacional a partir del primero de agosto de este año.

Agregó que se dará cierto plazo para que las empresas puedan reemplazar sus aeronaves más antiguas ya que de lo contrario no podrán seguir operando. A raíz de esta medida, en el aeródromo de Nasca sólo quedarán operativas 13 aeronaves que no exceden los 30 años de antigüedad de un total de 40 que tienen licencias.

Pero a partir del primero de enero del 2011 esta disposición será mucho más rígida y sólo se permitirá una antigüedad no mayor a 20 años para estas aeronaves, y con una capacidad mínima de ocho asientos. En el caso de las nuevas autorizaciones para servicio turístico, a partir del 5 de abril de este año se exigirá como requisito que las aeronaves no tengan una antigüedad mayor a 15 años desde su fabricación. A su vez detalló que esta medida regirá para todos los servicios de transporte aéreo turístico que se realizan en Nazca y en otras zonas como Cusco, en el Valle del Colca, entre otras ciudades.

Precisó que el parque aéreo nacional está compuesto por 299 aviones, de los cuales cuatro tienen más de 50 años de antigüedad, 44 más de 40 años, 84 más de 30 años, 52 más de 20 años, 32 más de diez años y 83 con menos de diez años.

Aeronoticias considera que esta decisión es anticonstitucional en razón a que afecta el derecho de propiedad y atenta contra la libertad de trabajo entre otros derechos constitucionales. Con este criterio absurdo los países del mundo suscriptores del convenio sobre Aviación Civil Internacional o Convenio de Chicago de 1944 del que el Perú y casi 190 países son parte darían de baja a más de 300 mil aeronaves de más de 30 años que operan en forma segura, eficiente y económica en todo el mundo.

El ministerio de transportes del Perú se equivoca con esta medida ya que la antigüedad no es sinónimo de inseguridad en razón a que una aeronave de menos de 30 años mal mantenida es más insegura que una aeronave más antigua con mejor mantenimiento. Creemos que el MTC  no está bien asesorado aeronáuticamente hablando, se equivoca, el tiempo nos dará la razón.  Cabe agregar que el ministro Cornejo no ha advertido que esta decisión podría ser además discriminatoria porque el Estado opera con aeronaves de la  misma antiguedad, pero están bien mantenidas y lo hace todo el territorio nacional, en donde también operan aeronaves antiguas, especialmente en la selva donde se opera con más de 20 años de haber sido fabricadas.

Lo ocurrido en Nasca es una prueba que los sucesivos directores de Aeronáutica Civil no han sabido conducir la política aérea del Estado para que las empresas privadas operen bajo condiciones de economicidad que es la base de la seguridad, ya que en este aeródromo la competencia ruinosa y la informalidad ha reinado y gobernado, es por ello que necesitamos un reordenamiento de la política turística aérea y no sacrificar a los empresarios y el 60 por ciento del parque aéreo, ya que por más antiguo que sea, si las aeronaves tienen buen mantenimiento son seguras y puede ser insegura una aeronave que sale de fábrica y que sus explotadores no le hacen los chequeos de ley.

El caso Aeroica, Nazca Airlines fue apoyado, impulsado y desarrollado desde el MTC y ahora el Estado que es parte del problema y de la culpa por responsabilidad por omisión sacrifica a decenas de empresarios que jamás tuvieron un accidente de aviación que no tuvieron muertos, heridos y que operaban en forma segura porque una línea aérea o le fue mal o hubo un error de pilotaje u otro factor y por un accidente, se toman medidas realmente injustas.  Imaginense si los Estados Unidos, Brasil o Argentina dan una medida similar.

En todo caso el Poder Judicial y en definitiva el Tribunal Constitucional tendrán la última palabra.

 

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