Un comentario periodístico publicado hoy en el diario La Primera atribuye la coladera en que se ha convertido el aeropuerto limeño, para la continua salida de drogas, que son en realidad el resultado de las fallas en el plan nacional de sguridad de la aviación civil, que a la fecha estarían subsanandose, en razón a que el Perú tiene una política antidrogas con objetivos, en el que participan las empresas privadas y todas las instituciones del Estado.
En el tema de las addendas que se han incorporado al contrato de concesión otorgado a Lima Airport Partners (LAP, existe una percepción de que estas claúsulas al contrato de concesión harían intocable a LAP, sin embargo, el Estado peruano es parte y como tal puede solicitar addendas y las mismas no tienen relación alguna con la política antidrogas que puede y debe desarrollar el Ministerio del Interior dentro de nuestro Primer Terminal Aéreo.
Los términos en que se firmado dicho contrato aparentemente protegen a LAP, en sus objetivos de desarrollar el aeropuerto, sin embargo tenemos que precisar que en todas las organizaciones pueden fallar personas y originar descuidos, sin embargo, consideramos que todas las empresas privadas y el Estado y los ciudadanos están en pie de guerra contra el tráfico ilícito de drogas, en razón a que los delincuentes, son un peligro para la sociedad y agravian no solo al Estado si no muchas veces a la empresa privada que se puede ver perjudicada porque un mal elemento incumpla su deber.
Se tiene que dejar bien en claro que las empresas de aviación nacionales e internacionales, los concesionarios de aeropuertos y las autoridades del Estado peruano, están colaborando con la política antidrogas de la DIRANDRO dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, para tratar de superar cualquier descuido en el sistema de seguridad que hubiera origindo en el pasado, que pasen grandes cantidades de drogas, por personas que viviendo al margen de la ley burlaban los sistemas de seguridad y que en algunos casos se ha llegado a desarticular a bandas que pretenderían de contrabando que se transporten hasta casi 500 kilos, a punto de salir a bordo de los Jets internacionales.
Lo peor es que los mafiosos, en muchos casos, intentaban entrar como Pedro a su casa hasta la mismísima playa de parqueo a los gigantescos aviones, algo que a la propia policía antidrogas no le es muy fácil porque cinco de las seis puertas de acceso a esta restringida zona están bajo el control del personal de LAP, y ya se ha comprobado que más de un mal servidor de una empresa privada habría sido cómplice de la ilícita salida del estupefaciente en varios casos.
Quién podrá esclarecer este contrato de concesión, que otorga cierta extraterritorialidad a LAP, así como a las addendas que se les ha ido incorporando, siempre favoreciendo a este grupo extranjero…? Bueno esta respuesta la tiene el Estado peruano, lo importante es que corresponde al sector transportes, hacer valer, las prerrogrativas que deben tener las autoridades policiales para desenvolverse dentro de todos los aeropuertos del Perú sin ningún tipo de limitaciones por los responsables de la seguridad de los aeropuertos sean estos los concesionarios o las autoridades AVSEC-DGAC de la Dirección General de Aronáutica Civil.
