La detención obedece a una orden del juez federal Norberto Oyarbide, que lleva a cabo la investigación del caso desde 2007. Además de Lorenzo, propietario de la droguería San Javier, la comitiva policial, encabeza por el comisario Néstor Roncaglia, apresó a un empleado del empresario.
El nombre de Lorenzo se hizo público el año pasado, cuando ocurrió el triple crimen de General Rodríguez. El empresario detenido, según fuentes policiales y judiciales, tenía vínculos comerciales con Sebastián Forza, una de las víctimas.
El caso complicó también en el día de ayer a Alberto Costa, funcionario del Ministerio de Salud a raíz de escuchas telefónicas que se dieron hoy a conocer, y en las que entabla comprometidas conversaciones con el principal sospechoso del caso, el empresario Néstor Lorenzo.
Ante esos hechos, el ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, pidió la renuncia del subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa. La actual diputada bonaerense Silvia Caballero será su reemplazante, aunque entrará en actividad el 10 diciembre.
El juez Oyarbide investiga si Costa tiene vinculación en la venta de medicamentos gratuitos provistos por el Estado, y el robo y adulteración de remedios. Los mismos se provén a través de empresas que quiebran y desaparecen sin dejar rastros para volver a nacer con otros nombre.
