Paul S. Reichler, miembro del colegio de abogados del Tribunal Supremo de Estados Unidos, trató de echar por tierra todos los argumentos argentinos, negando desde una mayor presencia de dioxinas en el río Uruguay hasta los olores «nauseabundos» que Buenos Aires achaca a la actividad de la fábrica. «Argentina no ha suministrado ninguna prueba de que Botnia haya causado un aumento de dioxinas ni furanos», sostuvo Reichler ante el tribunal, alegando que los peces hallados con estas sustancias en su organismo «son migratorios», por lo que pueden haberse contaminado en otro lugar, «como en el río de la Plata».
De la misma forma, el abogado estadounidense relativizó el «olor a huevo podrido» que Argentina asegura se extiende hasta su localidad de Gualeguaychu. Desde la entrada en servicio de la planta, en noviembre de 2007, sólo se han registrado «ocho incidentes de malos olores», algo normal durante la entrada en funcionamiento de una pastera, que «sólo puede disminuir a lo largo de los años», dijo Reichler. Argentina registró por su parte 68 episodios pestilentes.
Los dos países vecinos dispusieron esta semana de dos días cada uno para rebatir los alegatos expuestos durante este periodo de audiencias, abierto el 14 de septiembre, cuando la delegación argentina afirmó que la fábrica estaba causando daños «irreversibles» al medio ambiente.
El martes, último día de su refutación, Buenos Aires retomó su propuesta de que la pastera sea relocalizada «en un lugar donde cause menos perjuicios», una medida que Montevideo juzga como «radicalmente desproporcionada». A partir de ahora, los jueces deliberarán sobre el caso y su fallo es esperado en el primer trimestre de 2010. Ambas partes prometieron el viernes que cumplirán con el veredicto.
«Me siento aliviado y orgulloso de haber probado ante la corte y el mundo el compromiso (de Uruguay) con el desarrollo sostenible», declaró al término de la audiencia el representante de la comitiva uruguaya, el embajador Carlos Gianelli. «Entré confiado y me voy confiado», insistió Gianelli, quien se dirigió al tribunal para que rechace la demanda argentina y reconozca el derecho de Uruguay a permitir la actividad de la fábrica.
«Es la peor pastera en el peor lugar. Hemos demostrado que (Uruguay) no cumplió las normas» del estatuto sobre el uso compartido del río Uruguay, «a pesar de que se ha jugado con juegos malabares», consideró en cambio la embajadora argentina Susana Ruiz-Cerutti. «Lo que pedimos es que la planta deje de funcionar» en ese lugar, que se «desmantele o se recicle», ese ya «no es nuestro problema», aseguró a periodistas.
Buenos Aires denunció en 2006 a Montevideo ante la CIJ, máximo órgano judicial de la ONU, por el proyecto de construcción de la fábrica, al estimar que su vecino no había respetado el tratado del río Uruguay, firmado entre ambos en 1975.
Tres años después, la planta de Botnia, que representa una inversión de 1.000 millones de dólares, funciona con una capacidad anual de un millón de toneladas de pasta de celulosa.
Como consecuencia de este diferendo, el puente que une Fray Bentos con Gualeguaychu esta cortado desde hace casi tres años por manifestantes argentinos.
