Bolivia: Gobierno paga US$ 31,5 millones por expropiación

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(Aeronoticias).- El Gobierno de Bolivia concretó hoy el pago de 31,5 millones de dólares a la británica Rurelec por la expropiación en 2010 de sus acciones en la eléctrica boliviana Guaracachi, informó hoy una fuente oficial.

Esta acción se realizó mediante la firma de un documento entre autoridades bolivianas y representantes de Rurelec en la ciudad central de Cochabamba, señaló la Procuraduría General del Estado en un comunicado.

«Se ha suscrito un convenio final mediante el cual se ha consolidado de manera definitiva la nacionalización de la empresa Guaracachi SAM», dijo el procurador boliviano, Héctor Arce.

El presidente Evo Morales nacionalizó el 1 de mayo de 2010 las acciones de Rurelec en Guaracachi, que representaban el 50 % de la compañía generadora eléctrica.

Guaracachi provee el 33 % de la potencia eléctrica del país, que entre 2009 y 2014 aumentó de 369 a 454 megavatios, según las autoridades bolivianas.

El Ejecutivo emitió la semana pasada un decreto que autoriza a la estatal Empresa Nacional de Electricidad (Ende), que controla Guaracahi, hacer el pago de los 31,5 millones a Rurelec.

El monto fue acordado por el Estado boliviano y Rurelec en negociaciones celebradas en Madrid en abril pasado y representa diez millones de dólares menos de lo que fijó un laudo emitido el 31 de enero por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

Según el Gobierno boliviano, Rurelec renunció a cobrar dividendos y otras obligaciones para reducir la deuda en diez millones de dólares.

La suma originalmente pretendida por la empresa ante la Corte Permanente de Arbitraje era de 142 millones de dólares.

El acuerdo firmado hoy «libera de cualquier proceso al Estado boliviano y demuestra a la comunidad internacional que Bolivia tiene la manera más responsable de actuar», concluye el comunicado de la Procuraduría.

Desde 2006, Bolivia ha logrado varios acuerdos de compensación con los inversores extranjeros de las empresas expropiadas en sectores como el petrolero y las telecomunicaciones, pero todavía afronta otras demandas en tribunales externos y nacionales.

Con información de La República.

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