De las 596 mil 177 denuncias recibidas, de julio del 2007 a diciembre de 2011, el 63.57% han sido archivadas y el 10.44% han terminado en salidas alternativas, de acuerdo a datos del Ministerio Público. Otra cifra que refleja la eficiencia del nuevo esquema procesal es que, de julio del 2007 a junio del 2012, el 93% de los procesos bajo este sistema obtuvieron sentencias condenatorias mientas que el 7% logró una sentencia absolutoria.
Otro logro importante de la puesta en vigencia de esta iniciativa es el aumento del número de denuncias, lo que indica “una mayor confianza de la población por la justicia penal”, señaló el secretario técnico del Equipo de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal del Ministerio Público, Víctor Yaipén Zapata. El especialista precisó, en el programa de televisión Los Fiscales, que el número de denuncias ante la institución aumentó en 25%.
“Hay una mayor confianza de la población. Por ejemplo, cuando el ciudadano era víctima de robo antes (de la implementación del NCPP) no denunciaba el hecho, pero ahora que existe una justicia rápida y cuya investigación lo dirige el fiscal, el ciudadano denuncia el hecho ante la autoridad, lo que implica una mayor confianza hacia la justicia penal”, explicó.
En efecto, el NCPP define el rol de cada actor en el sistema de justicia, dejando la responsabilidad de la investigación exclusivamente en manos del fiscal, el cual, con el apoyo de la Policía, debe recabar las pruebas y los indicios necesarios para sustentar su denuncia o acusación.
Su aplicación se ha dado de manera progresiva y ya son 23 los distritos fiscales en la que está vigente este sistema. Este año se implementó en los distritos fiscales de Ucayali y Loreto, y para el próximo se tiene previsto sumar a más distritos fiscales a esta iniciativa legal que garantiza una justicia transparente, rápida y oportuna, que protege a las víctima y a los testigos y que garantiza el resarcimiento por los daños causados a consecuencia del delito.
“Otro de los aciertos del NCPP es el tiempo de los procesos. Con el antiguo Código los procesos podrían duran entre ocho a diez años, lo que no sucede con el Nuevo Código de Procedimientos Penales en la que en promedio un proceso puede durar entre un año o año medio, con una sanción efectiva. Sin contar con las salidas alternativas, con la que (el proceso) puede durar una semana e incluso se han logrado en esa semana condenas de hasta 20 años de pena privativa, por ejemplo”, manifestó Yaipén Zapata.
Opinó que lo más difícil de enfrentar con la puesta en vigencia de la nueva alternativa procesal fue romper con aspectos culturales de los operadores de justicia. “Muchos sean formado con una lógica distinta a la actual, con un sistema inquisitivo. No obstante, el NCPP apunta a la transparencia, a la publicidad y a la oralidad. Esto ha sido uno de los principales retos cambiar la forma de pensar de los operadores de justicia, afortunadamente se está logrando”, apuntaló.
En tanto, el fiscal superior especializado en delitos de corrupción de funcionarios, Frank Almanza Altamirano, remarcó que el principal logro de la implementación del NCPP es que se ha tenido éxito en los juicios, al lograr que el 93% de los procesos bajo este sistema tengan sentencias condenatorias. 
La nueva herramienta legal ofrece salidas alternativas las que permiten poner fin al conflicto penal sin tener que ir a juicio oral. Estos mecanismos de solución son el principio de oportunidad, el acuerdo preparatorio, el proceso inmediato y la terminación anticipada. “Lo que se busca con el principio de oportunidad y el acuerdo preparatorio es escuchar a la víctima y que está sea parte de la negociación. Su anuencia es importante”, explicó.
Mencionó que en diciembre, se van a reunir en el distrito fiscal de Piura los fiscales superiores, provinciales y coordinadores para unificar criterios de los resultados y retos que ha traído estos seis años de la puesta en marcha del NCPP.
Finalmente opinó que existen algunos artículos del Código Procesal Penal relacionado con la investigación y sus plazos, que deberían ser replanteados como en casos graves como lavado de activos, corrupción de funcionarios, tráfico de drogas, entre otros, cuyo plazo de investigación preliminar de 20 días es insuficiente.
