El 23 de agosto del 2005 la aeronave Boeing B-737-244 matricula. OB-1809-P de la empresa estatal TANS, sufrió un grave accidente de aviación en el que fallecieron 40 personas y 56 quedaron lesionadas en Pucallpa. Desde esa fecha han pasado casi tres años y la compañía Londinense XL, responsable de cumplir con la indemnización ha callado en siete idiomas y no quiere cumplir con su obligación contractual prevista en un contrato de seguros que obliga a los reaseguradores a honrar sus compromisos en el Perú.
Es por ello que Manuel Antonio Oliveros Risco (70), padre de la abogada Esther Oliveros Armas, quien falleció en ese siniestro aéreo, demanda justicia ante el 61 Juzgado en lo Civil de Lima.
En este proceso se encuentran comprendidos además de la empresa aseguradora, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial –Córpac-.
Demanda es por un millón de dólares
La demanda es por un millón de dólares y se reclama también que se honre con esta indemnización, ya que el abogado ingles Nigel Righ estuvo a cargo de este proceso por parte de la aseguradora XL.
Córpac: corresponsable de este accidente
Según el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes del Ministerio de Transporte del Perú, Córpac es corresponsable de este siniestro al haberse constatado la falta de conocimiento por parte del controlador de tránsito aéreo de la Torre de Control de Pucallpa para identificar la situación riesgosa que configuraba el inusual fenómeno metereológico de un frente frío con intensa precipitación de granizo en las cercanías del aeropuerto.
A ello se suma de que Córpac había emitió un mensaje (AFTM) a través de la circular del 21 de abril del 2004 que impidió al controlador de torre hacer uso de su potestad de suspender operaciones como lo señala la sección 7.12 del documento 4444 ATM-501 de la OACI.
Adicionalmente se conoce que existen dos pólizas de seguros de 50 millones de dólares, que los suscriptores internacionales no quieren honrar en una petición de apenas 1 millón de dólares, que exige Manuel Oliveros por la trágica muerte de su hija.
Este hecho ha originado que la OCMA que dirige la doctora Elcira Vásquez Cortéz le haya aperturado una investigación preliminar al Presidente de la sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, doctor Juan Emilio Gonzales Chávez, en razón a que habiéndose declarado saneado el proceso y estando expedito para sentenciar este magistrado habría pretendido prevaricar contra la jurisprudencia obligatoria de la Corte Suprema de la República del Perú que establece que una partida de nacimiento legitima a un padre para reclamar por la muerte de su hija en un caso en que los abogados de los reaseguradores habrían aceptado una declaratoria de herederos fraudulenta en la que hicieron pasar por muerto a Manuel Oliveros.
Por este motivo, y tras un periplo de casi 3 años por el Poder Judicial, Oliveros Risco reclama justicia.
