DGAC del Perú habría pagado $ 50 mil a consultor para entregar la soberanía peruana a Chile en 1999

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En 1999 los lobbies para que el capital extranjero se apodere del espacio aéreo peruano se hicieron sentir a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú en donde el ministro Alberto Pandolfi Arbulu movió sus fichas a través del director general de aeronáutica civil, José Luis Harmes Bouroncle y Eduardo Flores del Castillo quienes habrían recomendado la contratación de un consultor que habría venido de Argentina y que le habría costado más de 50 mil dólares al Perú para modificar el proyecto de ley que en forma ad honorem habían preparado a solicitud del congresista Ricardo Marcenaro los juristas Julián Palacin Fernández y Alfredo Gildemeister Martínez.

DGAC DEL PERÚ HABRÍA PAGADO US$ 50 MIL A CONSULTOR PARA ENTREGAR LA SOBERANIA PERUANA A CHILE EN 1999

La historia se abre paso, el entonces presidente de la Comisión de Infraestructura del Congreso de la República del Perú, Ricardo Marcenaro Frers convocó a los más connotados especialistas peruanos de renombre internacional para que preparen el proyecto de ley que modificaría la ley 24882, Ley de Aeronáutica Civil del Perú y que entre otros puntos mantenía los principios de política aérea en apoyo a las líneas aéreas 100 por ciento peruanas, a los pilotos peruanos y a la presencia creciente de la bandera peruana en el mercado del transporte aéreo internacional, fue la DGAC de 1999 digitada por el ministro Alberto Pandolfi Arbulu quien impulsó desde el poder ejecutivo de Vladimiro Montesinos un proyecto de ley de aeronáutica civil del Perú, sustitutorio que sentó las bases para que el Perú se convierta en una colonia aerocomercial del capital extranjero a fin de que las empresas no peruanas hereden los derechos de tráfico del Perú, que utilizaban Faucett y Aeroperu y de esta forma se sanciona en mayo de 2000, la ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú.

Aeronoticias recuerda que en junio de 2000 el naciente canal 8 entrevistó al presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo Julián Palacin Fernández quien públicamente expresó que esta ley era la partida de defunción de los capitales peruanos en aviación comercial y que hacia peligrar los puestos de trabajo de los pilotos peruanos.

Los gremios y las líneas aéreas se quedaron callados frente a esta ley que contra los intereses del país sentaron los principios para que la industria aérea peruana desaparezca, hoy nos damos cuenta hasta que punto se ha perjudicado el país, ya que los aviones peruanos de matrícula peruana son reserva aérea para transportar tropas en caso de guerra exterior y si tuviéramos un conflicto con Chile seríamos ingenuos al pensar que las aeronaves del grupo LAN con matrícula chilena transportarían tropas peruanas.

Es por ello, que se tendría que investigar la desaparición de AEROPERU, FAUCETT, TANS, AEROCONDOR, IMPERIAL AIR, AMERICANA DE AVIACIÓN y de otras líneas aéreas en donde una DGAC del Perú sin autonomía y sin directores de aeronáutica civil con la fuerza que se necesitaba permitieron que hoy Chile ejerza virtualmente soberanía en el espacio aéreo peruano.

No tenemos ninguna duda que en 1999 por los videos que se hicieron públicos a nivel mundial quien ejercía el mando en el Perú y por ende en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, era Vladimiro Montesinos, sin embargo hoy que sabemos las consecuencias jurídicas negativas para la soberanía del Perú en nuestro espacio aéreo no hacemos nada y construimos un país que cada vez más pierde su identidad aérea, ya que para ser director general de aeronáutica civil del Perú se tiene que ser hasta ahora complaciente a los intereses no peruanos, mientras nuestros pilotos de la fuerza aérea y pilotos civiles van a buscar trabajo al extranjero… este es el Perú que queremos construir, en donde inclusive en marzo de 2007 firmamos un convenio aéreo bilateral con Chile lesivo a los intereses del Estado, ese es el horizonte que queremos para nuestros hijos en una historia en que nos arrebatan la dignidad y agachamos la cabeza, no lo creemos, salvo mejor parecer, necesitamos funcionarios públicos que defiendan los intereses en materia aérea de los 29 millones de peruanos.

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