Este documento trata de evidenciar «hechos penales que ponen en riesgo la seguridad nacional y en los que estaría involucrado un suboficial de la Fuerza Aérea de Perú (FAP), que estaría enviando información confidencial a una nación extranjera», según el fiscal Jorge Chávez, que mantiene que la documentación en poder del supuesto espía alude, entre otras cuestiones, fundamentalmente a información clasificada por las Fuerzas Armadas peruanas, como estrategias militares y proyectos de infraestructura, que incluirían la propagación de radares en espacio aéreo argentino, la evaluación estratégica de Bolivia o la capacidad de la Fuerzas del Aire chilenas.
El informe constituye uno de los cinco tomos de documentación que poseé el Gobierno peruano. La totalidad de los documentos sobre el caso podría ser entregada a Santiago, si el Ejecutivo chileno acepta realizar una investigación que permita depurar responsabilidades, según fuentes del gobierno peruano, consultadas por ‘La Tercera’.
El dossier incluye la denuncia interpuesta por parte de la Primera Fiscalía Provincial especializada, donde solicita la autorización para abrir un proceso judicial en contra de del suboficial de la Fuerza Aérea peruana Víctor Ariza Mendoza por la «revelación de secretos y espionaje», acusándole además de blanqueo de capitales.
El informe indica asimismo la existencia de otro documento secreto elaborado por el servicio de inteligencia peruano donde se detalla el operativo desplegado para investigar a Ariza, así como el detalle de los interrogatorios a los que el supuesto espía ha sido sometido, en los cuales confesó haber vendido información, las razones que le motivaron a hacerlo y el escaso valor que, en su opinión, tenían los documentos que suministró a sus contactos en Chile.
Aeronoticias se reafirma que este acto de espionaje debe ser tipificado como un delito contra el derecho internacional ya que pone en riesgo la paz de la región y requiere que los tribunales de justicia de los países afectados dicten orden de captura contra toda esta red de apatridas que financiados por la Fuerza Armada Chilena estaban realizando actos que involucran la responsabilidad internacional de Chile.
