Para impulsar el desarrollo económico del país, los programas, estrategias o políticas de Estado que se implementen no tendrían éxito si previamente, o en paralelo, se limpia el camino, se eliminan todos los obstáculos o barreras que frenan o dificultan los esfuerzos para alcanzar la ansiada meta.
Por ello, vale la pena dar una mirada más analítica a los resultados positivos que representa la eliminación e inaplicación de barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad, en beneficio del desarrollo económico el país.
Como sabemos, el Indecopi tiene la facultad para eliminar e inaplicar las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que imponen las mismas entidades de la administración pública en sus diferentes niveles (municipal, regional y nacional).
Esta tarea, a veces mal interpretada, lo que busca es precisamente hacerle la vida más fácil a quienes se atreven a emprender negocios. Además, con esta labor se contribuye a combatir la informalidad, se promueve la inversión privada y se agiliza la reactivación económica, especialmente en escenarios recesivos como el generado por la pandemia.
Veamos algunos resultados. Durante el 2021, el proceso de reactivación de la economía del país registró un crecimiento del PBI de 13,3%[1] tras el levantamiento progresivo de las medidas de emergencia impuestas a causa del COVID-19[2]. El Indecopi, en línea de sus facultades legales, eliminó muchas sobrerregulaciones que impedían a diversos negocios operar con los niveles de aforo permitidos y que imponían sobrecostos a empresas que ya estaban afectadas por la recesión económica.
En dicho período se inaplicaron un total de 5843 barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad[3], las mismas que generaban un costo de aproximadamente S/ 48,3 millones a nivel nacional. En otras palabras, con la eliminación de dichas barreras, la ciudadanía (empresas, emprendedores y ciudadanos) se ahorraron esa cantidad de dinero.
La gran mayoría de dichas barreras eliminadas e inaplicadas (4212) habían sido impuestas en regiones (72,1% del total) donde podría estar la población más afectada por la pandemia. Otras 989 barreras tenían aplicación en todo el territorio nacional (16,9% del total) y 642 fueron impuestas en el departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao (11,0% del total).
Las barreras burocráticas ilegales o irracionales son negativas en todo sentido. Cuando son impuestas las empresas o emprendedores optan por cancelar o postergar sus proyectos de inversión por el elevado costo que representa cumplir con el exceso de regulación. También pueden optar con pasar a la informalidad o incumplir parte de las regulaciones para evitar los costos. En cualquiera de esos escenarios el bienestar de la sociedad se afecta pues provoca menor competencia, afecta la calidad de los bienes y servicios, se crean menos puestos de trabajo, baja la productividad, disminuyen los ingresos de la población, entre otros.
Además, se pierde recaudación de impuestos y en consecuencia se afecta el objetivo de reducción de la pobreza en el país, disminuye la capacidad del Estado para ejecutar mayores proyectos de inversión o programas sociales.
Incluso, si finalmente las empresas deciden asumir el costo de la sobrerregulación, el bienestar de la sociedad también se puede reducir pues se desincentiva a que se realicen nuevas inversiones ante la menor rentabilidad por la imposición de las barreras burocráticas ilegales o irracionales, se afecta la generación de empleo y hay menos recaudación de impuestos.
Eliminar las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad no es una tarea sencilla, implica esfuerzos diarios, pero es necesario retirar todos aquellos obstáculos que nos impiden alcanzar la meta del desarrollo.
Julián Palacín Gutiérrez
Presidente ejecutivo del Indecopi
