(Aeronoticias).- La batería de acusaciones constitucionales que incorpora el informe final de la Megacomisión contra Alan García ha sido interpretada como un paso más hacia su inhabilitación. El proceso, sin embargo, está compuesto por numerosas etapas. La defensa de García, por su parte, guarda un as bajo la manga que podría evitarlas todas.
La acusación constitucional es un proceso parlamentario especial que tiene como propósito determinar las responsabilidades de un alto funcionario, al que se denuncia por la comisión de un delito cometido en el ejercicio de su función, o por haber cometido una infracción constitucional.
Con ese objeto, los artículos 99 y 100 de la Constitución recogen las figuras del antejuicio y juicio político. En el caso de García, el proceso en su contra se enmarca dentro del juicio político, al ser acusado de haber cometido infracciones constitucionales. Estas, sin embargo, no han sido hasta ahora tipificadas por el Congreso, pese a que el Tribunal Constitucional le ha exhortado a hacerlo en varias sentencias.
También a incluir en su reglamento el procedimiento del juicio político. Como en el caso de las infracciones, el Congreso ha optado por la inacción. Esto implica que el juicio siga las reglas que sí están establecidas para el antejuicio. Costumbre parlamentaria, lo llaman, y así lo reconoció el propio TC presidido por Javier Alva Orlandini (STC Exp. Nº 0006-2003-AI/TC).
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
Una primera etapa es, según el reglamento del propio Congreso, el de enviar las conclusiones del informe de la Megacomisión a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Una vez allí, sus miembros deberán evaluar la admisibilidad y procedencia de la acusación constitucional y emitir, a su vez, un informe de calificación.
En este punto, el proceso está sujeto al debido proceso, y por tanto Alan García deberá ser debidamente notificado, conocer de qué se le acusa, y podrá formular sus descargos. Contará, asimismo, con defensa técnica. Es decir, estará acompañado de su abogado. Nada que no se conozca por la cada vez más mencionada sentencia de Tineo Cabrera.
Finalizada esa evaluación, cuyo proceso debe realizarse de manera pública, la Subcomisión emitirá un nuevo informe, que calificará la acusación y, mediante votación previa, propondrá la aprobación o archivamiento de esta.
Comisión Permanente
La aprobación activaría la creación de una nueva subcomisión, llamada Subcomisión acusadora. Integrada por uno o más miembros de la anterior subcomisión (de Acusaciones Constitucionales), este grupo tendría como principal encargo sustentar en nombre de la Comisión la acusación contra Alan García.
Pleno
Sin duda, esta sería considerada la etapa estelar de la trama. Ante el pleno del Congreso, la Subcomisión acusadora actuará como fiscal, y fundamentará la acusación. Esta es una instancia que, como la primera, se regula por el debido proceso. El debate, por tanto, se daría entre la Subcomisión como acusadora, Alan García y sus abogados como defensa, y los congresistas como «jueces». Los medios de comunicación y el público, como espectadores.
Una vez finalizado el debate, se procederá a la votación. En el caso de García, todo parece apuntar a la inhabilitación política. La votación, en un extremo que confirmó el mismo TC de Alva Orlandini, requeriría, para ser favorable, por lo menos de 2/3 del número total de congresistas, “sin participación de la Comisión Permanente”.
Visto el grado de consenso alcanzado por el actual Congreso, todos esos votos suenan a muchos votos. Quizás demasiados. Solo el futuro determinará si la sustentación que pueda hacerse logre lo que hoy parece poco probable. Eso, o la animadversión a Alan García.
Un as bajo la manga
Todo este largo camino, repleto de necesarios formalismos y diferentes comisiones, podría, sin embargo, no recorrerse. Ni siquiera en su primera etapa. En efecto, la defensa de Alan García ha adelantado, según fuentes cercanas consultadas por laley.pe, que recurrirá las conclusiones de la Megacomisión, exigiendo su total nulidad.
Lo hará a través de la figura conocida como represión de actos homogéneos, dentro de la misma acción de amparo que ya interpuso ante el juez Hugo Velásquez Zavaleta, quien resolvió anular parte de lo investigado por la Megacomisión — por atentar contra el debido proceso de García—.
Vélasquez, por tanto, tendrá en sus manos la decisión de que la acusación constitucional contra el expresidente comience a andar o, por el contrario, muera antes de nacer.
