El pueblo peruano exige fraccionamiento tributario

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(Aeronoticias).- La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria –SUNAT – se opone al fraccionamiento tributario a través de su jefa Nahil Hirsh demostrando que no sintoniza con el principio de primacia de la realidad y de millones de contribuyentes que vienen siendo afectados constitucionalmente como consecuencia del paso del tiempo en donde los intereses, moras y multas originan deudas bombas con la consiguiente confiscatoriedad de los tributos.

Nadie se opone al pago de la deuda tributaria, sin embargo el sistema vigente convierte una deuda de 1 millón de nuevos soles en 10 millones de soles a los pocos años, inclusive mientras la misma este impugnada administrativamente o en el Poder Judicial.

El pueblo peruano exige fraccionamiento tributario

Consideramos que la posición del ente recaudador, la SUNAT no sintoniza con los problemas de las MYPES y de los pequeños contribuyentes que al 30 de setiembre de 2009 tienen una deuda de 2 millones 500 mil nuevos soles y que serían beneficiados con el fraccionamiento tributario que les permitiría pagar las deudas en 10 años, sin moras, multas e intereses moratorios, lo que significa preservar los puestos de trabajo de miles de peruanos.

Aeronoticias cree que los 11 proyectos de ley que se están debatiendo en el parlamento tienen legitimidad y son precisamente los congresistas elegidos soberanamente por el pueblo peruano quienes tienen la responsabilidad histórica de aprobar el fraccionamiento tributario que elimine moras, multas e intereses confiscatorios.

La finalidad de la aprobación del fraccionamiento tributario es sincerar las deudas para que se pague la misma solamente con la variación de los precios al consumidor dentro de un contexto en donde creemos que el presidente Alan García Pérez siempre sintonizando con los intereses del pueblo va apoyar uno de los proyectos de ley que le permitirá a la SUNAT recaudar deudas que muchas veces son incobrables por el paso del tiempo y por los recargos de moras, multas e intereses confiscatorios que llevan a la quiebra a las empresas.

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