El reporte estadístico precisa que más de la mitad de casos se concentran en los distrito fiscales de Lima, Madre de Dios, Loreto, Puno y Piura. La data reveló que 8 de cada 10 víctimas de trata son menores de edad, entre los 13 y 17 años, y que 5 de cada 10 tratantes, son mujeres.
Para enfrentar este problema que afecta a la sociedad, la fiscal penal Miluska Romero Pacheco dijo, en el programa de televisión Los Fiscales, que la mejor manera es a través de la pesquisa proactiva del delito. “Tanto el fiscal como la policía no pueden esperar que una víctima denuncie el hecho, lo que se recomienda es acudir a mecanismos de inteligencia, buscar otros medios probatorios que nos permiten sustentar un caso de trata”.
Enfatizó que es importante el trabajo conjunto entre la fiscalía y la policía a fin de obtener mayores evidencias del delito, las que se convertirá en pruebas en el juicio oral contra los tratantes.
La presencia de un fiscal, remarcó la letrada, garantiza el respeto a los derechos fundamentales durante el proceso de investigación del delito. En ese sentido, explicó que la policía debe convocar desde la investigación preliminar para desarticular una mafia dedicada a esta ilícita actividad o para efectuar un operativo a fin de rescatar a víctimas de trata, por ejemplo, a representantes del Ministerio Público.
“Si la policía, con todo su ímpetu, desbarata una organización dedicada a la trata sin respetar el debido proceso (sin la presencia de un fiscal), esa investigación no le va ser útil al fiscal y puede ser cuestionada en juicio, evitando una sentencia condenatoria porque no se respetó las reglas”, indicó Romero Pacheco.
No obstante, remarcó que si la autoridad policial convoca desde las acciones de inteligencia a los magistrados de la Fiscalía de la Nación y “ha hecho un plan de investigación adecuada y respetuosa de los derechos fundamentales de estas personas (tratantes), ese caso por más buenos abogados que contraten los tratantes, va salir a flote y va tener una sentencia condenatoria. Por eso es importante que el fiscal dirija la investigación”.
En tanto, el juez penal Segismundo León Velasco aseguró en el programa de televisión, que se requiere de un trabajo de investigación “muy exhaustivo, delicado y especializado a fin de recabar elementos convincentes, que se conviertan en pruebas para poder sancionar con severidad este delito”. El representante del Poder Judicial, indicó que de probarse la ocurrencia del delito al acusado o acusados se le establece una penalidad que va de 8 a 15 años de privación de la libertad.
De comprobarse la ocurrencia del delito de tipo agravado cuando, por ejemplo, el tratante es familiar de la víctima, se impone una penalidad que va de 12 a 20 años de privación de la libertad y, en circunstancias más agravantes se impone una penalidad no menor de 25 años. “Esto ocurre cuando la víctima es menor de 14 años o cuando el tratante es integrante de una organización delictiva”.
León Velasco comentó que el delito de trata se puede presentar bajo distintas modalidades. “Las víctimas pueden ser utilizadas para explotación sexual, laboral, para mendicidad, o para el tráfico de órganos. Lo más frecuente (en el país) es la explotación sexual y laboral”.
Finalmente, el Ministerio Público como parte de las actividades que realiza para enfrentar este delito, en febrero de este año, formó a fiscales capacitadores (con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones – OIM) en trata de personas. Estos fiscales en coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas, vienen capacitando a los fiscales, jueces y policías al interior del país sobre este delito, utilizando para tal fin el Manual de Capacitación para Operadores de Justicia (elaborado por la OIM y la PUCP).
Esta iniciativa tiene como finalidad fortalecer las capacidades de los jueces y fiscales.
