Es grave dijo el especialista que ocurran estos hechos en momentos en que ha descendido más de un 8 por ciento el turismo mundial y en España podría llegar hasta más del 10% lo que debe sensibilizar a los sindicatos para entender que la crisis económica internacional y su solución es tarea de todos y la coyuntura no debería ser materia de huelgas sostuvo.
Recordó que si bien el artículo 28 de la Constitución Española de 1978 en el segundo de los párrafos reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, lo cierto es que la constitución de ese país, dijo Palacin establece las garantías para el mantenimiento de los servicios esenciales de transporte aéreo para el pueblo español.
Asimismo, expresó que el Tribunal Constitucional de España ha dictado una sentencia el 15 de marzo de 1990 que establece principios que hay que tener en cuenta como los límites del derecho de huelga que derivan no sólo de su posible conexión con otros derechos constitucionales, sino también con los bienes constitucionalmente protegidos y si bien el derecho de los trabajadores de defender y promover sus intereses mediante este instrumento de presión que es la huelga, el Tribunal Constitucional de España dice que se debe ceder cuando con ellos ocasiona o se puede ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas sufren. Agregando que se debe tener en cuenta el principio que la adaptación de las medidas deben garantizar el mantenimiento de servicio público del transporte aéreo.
Es por ello que sin perjuicio de los derechos constitucionales que les amparan a los dos sindicatos de los tripulantes de cabina de IBERIA (CTA y SITCPLA), la convocatoria a una huelga en los momentos de una grave crisis para el transporte aéreo y turismo nos parece inconveniente ya que están afectando sus propias fuentes de trabajo, acotó el presidente de la CIJEDAE.
Aeronoticias coincide con el pensamiento del presidente de la CIJEDAE y considera que las autoridades españolas deberán tener presente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España en la sentencia del 15 de marzo de 1990 y evaluar los perjuicios que significarían estas medidas para los usuarios en momentos en que hay un descenso mundial en el transporte aéreo y turismo, lo que nos lleva a pensar que no es el momento adecuado para un reclamo que tendría que esperar la estabilización de la economía mundial del transporte aéreo.
