Luego del caso del traidor Víctor Ariza, en el cual se están tejiendo una serie de versiones que determinarían que fue a Policía Nacional y no la Dirección de Inteligencia quien determinó su detención, se debe abrir el debate respecto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú que reserva la prerrogativa de pedir la captura de un espía al Ministerio Público y no a la justicia castrense.
Aeronoticias considera que el Congreso de la República debe actuar inmediatamente y coordinar con el Poder Ejecutivo esta situación que impide a los fiscales militares salir en defensa de la legalidad militar en los casos de espionaje y se debería apelar al Tribunal Constitucional esta jurisprudencia que le priva de funciones esenciales al Tribunal de Justicia Militar.
Consideramos que se debe abrir el debate y que la justicia militar y los fiscales militares deben tener jurisdicción y actuar con autonomía e independencia en los casos de delitos militares, especialmente los que atentan con la seguridad y defensa nacional del país.
