Gobernador de Junín Vladimir Cerrón, apeló sentencia en un caso en donde hubo un pago lícito por responsabilidad contractual

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(Aeronoticias) Los abogados del Gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, presentaron un recurso de apelación ante el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a fin de que revoque la prisión efectiva de cuatro años y ocho meses ordenada en su contra, según informó este jueves el gerente general de la administración subnacional, Wider Herrera Lavado.

El caso es preocupante porque se trata de un contrato realizado por una administración anterior, en el que el Gobierno Regional de Junín habría incurrido en responsabilidad contractual al haber asignado unos terrenos para unas obras que se tuvieron que suspender porque se encontraron restos arqueológicos, en consecuencia la contratista sufrió daños y perjuicios que tenían que indemnizarse, primero a través de un proceso arbitral y luego vía conciliación que tiene valor de sentencia y es cosa juzgada, lo que sería un pago lícito luego de concesiones recíprocas y lo que no se entiende es por que un tema de responsabilidad civil se lleva al fuero penal, lo que para algunos entendidos tendría intencionalidad política y afectaría gravemente las obras de la Región con esta crisis que busca sacar del camino a un líder que ganó abrumadoramente en las últimas elecciones

La autoridad regional, mediante el documento presentado, solicitó que se revoque la sentencia emitida el 5 de agosto por la jueza Susan Carrera Túpac Yupanqui y, por lo tanto, que se le absuelva del supuesto delito en contra de la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo en agravio del Estado peruano en el caso del saneamiento de La Oroya. Cerrón asegura que no existen pruebas en su contra.

La Fiscalía acusó sin pruebas a la gestión del actual Gobernador de entregar S/800 mil a la empresa La Oroya cuando no le correspondía. Los funcionarios argumentan que se trató de una conciliación ejecutada por el procurador del gobierno regional y está de acuerdo a ley, lo cierto es que siendo Presidente Regional Vladimiro Warok, el Gobierno de Junín le causó daño a una contratista privada al firmarle un contrato y entregarle terrenos que tenían restos arqueológicos y al paralizarse la obra, la maquinaria quedó parada, lo que prueba que hubo daño emergente y que tarde o temprano en el Poder Judicial o en un proceso arbitral el Gobierno Regional de Junín tendría que responder, ya que quien causa un daño a otro está obligado a indemnizar.

En el documento presentado por la defensa de Cerrón, se detalla que no existe responsabilidad penal en la autoridad regional debido a que la firma del convenio fue realizada en el 2010, sin licitación previa, generando sumas adicionales que paralizaron la obra.

Asimismo, señala que el cuerpo de gerentes del Gobierno Regional de Junín evaluó una salida al conflicto, por lo que se encargó al procurador regional llevar un proceso de conciliación con la empresa; ante ello, el funcionario reconoce S/850.000 a la empresa.

En el escrito, se precisa que la conciliación tiene carácter de ley y al ser idéntica a una sentencia, las autoridades que recibieron la condena solo cumplieron con dar continuidad a la obra en beneficio de población y acatando la normativa actual.

Por último, consideramos que quien causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo, ni el Fiscal ni la Juez han motivado que se trata de una probada responsabilidad contractual del Gobierno Regional de Junín en la gestión de otro Presidente Regional, que originó el reclamo de la contratista el arbitraje y la conciliación a cargo del Procurador en procedimientos que nunca intervino el Presidente Vladimir Cerrón, en consecuencia este precedente es grave porque la justicia convierte un pago lícito en un delito y le priva a los votantes de tener el Gobernante que eligieron en las últimas elecciones, tema claro está que tendrá que ver la próxima Junta Nacional de Justicia contra fiscales y jueces, que pudieran haber incurrido en responsabilidad civil y que no deberían ser ratificados.

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