Un informe preliminar sobre la matanza en junio de 34 personas -24 policías y diez indígenas- generó una controversia en Perú por desacuerdos entre el Gobierno y las comunidades nativas, lo que obligó a postergar la discusión para el 12 de enero en busca de consenso.
Jesús Manacés, dirigente del principal gremio indígena y coordinador de la comisión especial que investigó esos sucesos, rehusó suscribir el informe, aduciendo «gruesos errores porque el trabajo no se ha realizado en forma consensuada».El documento tampoco fue suscrito por la religiosa Maricarmen Gómez -también miembro de la comisión-, quien subrayó que el mismo «no se ajusta a los documentos y testimonios» que han sido recabados «en todo el proceso de investigación».
Sólo tres de los cinco miembros de la comisión avalan el informe preliminar, situación que obligó al primer ministro Javier Velásquez a postergar su discusión y aprobación final para el 12 de enero. «Esta situación es preocupante, esto no es lo que esperábamos, será el pueblo indígena que decidirá qué es lo que se tiene que hacer», dijo Manacés a la prensa.
Entre el 5 y 6 de junio se produjeron graves enfrentamientos en la ciudad nororiental de Bagua que dejaron 24 policías y 10 indígenas muertos al final de una huelga de casi dos meses de miles de nativos amazónicos. Los indígenas protestaban ante el peligro de ser desplazados de sus tierras por grandes empresas extractivas de minerales y petróleo, según lo establecían leyes que finalmente el gobierno tuvo que derogar por la revuelta amazónica.
El informe preliminar culpó a congresistas del opositor Partido Nacionalista (de izquierda), a grupo de ronderos (autodefensa civil), a maestros izquierdistas y al frente de defensa de Bagua de «exacerbar el espíritu combativo de los indígenas». El documento preliminar dice que el gobierno incurrió en «apresuramiento y falta de tacto de algunos sectores del Ejecutivo» al abordar la crisis.
La religiosa Gómez criticó este punto y dijo que cuando se trata de la responsabilidad estatal el informe «es sumamente suave». «La única responsabilidad del Ejecutivo es que tuvo falta de tacto, y, sin embargo, arremete contra congresistas nacionalistas, ronderos, frentes de defensa», dijo a la emisora limeña RPP.
Los indígenas, añadió, son vistos como objetos de manipulación y de engaño de esos factores externos, incluso de religiosos a quienes se acusa de parcializarse con el movimiento indígena, supuestamente confundiendo su papel evangelizador.
«O sea, en realidad se culpa a los indígenas como víctimas de factores externos. ¡Ay Dios! como si ellos fueran grupos humanos totalmente manipulables y esto lo hacen haciendo un análisis parcial y fuera de contexto», precisó.
«Hay testimonios como el de monseñor Santiago García, de Jaén (provincia vecina a Bagua) que está totalmente manipulado», denunció. La religiosa hizo notar que el relator de las Naciones Unidas sobre temas indígenas, James Anaya, a fines de noviembre, advirtió que hay una diferencia entre la versión oficialista y la de los testimonios recogidos en Bagua.
Los enfrentamientos de Bagua significaron la mayor crisis del gobierno del presidente Alan García, que concluye su gestión de cinco años en julio de 2011, y derivaron en la renuncia del gabinete ministerial de ese entonces que lideraba el independiente Yehude Simon.
