¿Inmunidad o impunidad parlamentaria?

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(Aeronoticias).- Quienes defienden la inmunidad parlamentaria argumentan su posición en favor de la separación y autonomía de los poderes del Estado. Además de considerar que, dicha garantía constitucional, evita que alguna autoridad o persona natural actúe por motivaciones políticas e interrumpa las funciones de los congresistas de forma intempestiva e injustificada.

Interesante premisa de autonomía e independencia de poderes, suena bonito; sin embargo, lo cierto es que la naturaleza del Congreso, tal como se ha desempeñado en los últimos veinte años, refleja la poca o nula voluntad política de asistir y responder a los pedidos del Poder Judicial en cuanto demanda el levantamiento de la inmunidad para algún congresista de bancada.


Dichas acciones no hacen más que entrever una forma de blindaje criminal y de impunidad. Por años, son muchos son los parlamentarios que se han burlado sostenidamente en las narices de los peruanos al gozar de tal garantía constitucional que los hace, hasta cierto punto, intocables.


El abuso de esta prerrogativa y la negativa ante los pedidos de levantamiento de inmunidad es lo que ha devenido en que la población exija el retiro de esta condición pues, la tendencia del Parlamento ha sido desde siempre no levantar inmunidad a menos que, el escándalo de algunos de sus miembros alcance un nivel insostenible. Fuera de ello, no existe siquiera intención de analizar el caso a fondo.


¿Cómo respaldar una situación que pone al descubierto la calidad moral de nuestra clase política? ¿Cómo creerles si en la primera oportunidad dejan fuera del debate la norma que podría haber filtrado a que postulen sentenciados por corrupción? Ahora, estos tienen una posible carta abierta.

 

Me pregunto, ¿de qué sirve plantear mecanismos que autoregulen la inmunidad parlamentaria si a la primera oportunidad dejan estas propuestas archivadas en alguna comisión sin alcanzar a ver la luz en el Pleno?

 

La independencia de poderes suscrito y respaldado por diversas cartas y tratados internacionales gozaría de plena legitimidad en nuestra clase política, si la calidad de políticos que nos representan no abusaran de este derecho para evitar la investigación de sus fechorías.

 

Y no es solo el Parlamento, hablamos de toda una clase política que, desde el poder, han creado una especie de simbiosis entre la corrupción moral de las instituciones junto a aquellos malos políticos que fungen como autoridades representativas.

 

Por Jefrey Buenaventura.

 

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