(Aeronoticias) En el Seminario Internacional “Corrupción y estado de derecho”, organizado por la Unión Internacional de Magistrados (UIM), llevado a cabo en la Fundación Telefónica, el miembro de la Comisión de Investigación de las empresas brasileras-Odebrecht del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL), Julián Palacin Fernández, conversó con el Juez Federal de Brasil que lidera la operación Lava Jato, Sergio Moro.
En el cónclave estuvieron presentes el Presidente del Poder Judicial del Perú, Duberli Rodríguez, el Presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la Oficina Nacional de Control del Poder Judicial peruano, Susana Castañeda OTSU, Presidenta del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Rocío Paniagua de la IBA –International Bar Association-, Roberta Solis, Oficial de Prevención del delito de la ONU y Flavia Da Costa Vianna, Presidente de UULP Brasil, entre otras personalidades del Derecho.
La Conferencia Magistral “Democracia y Corrupción Sistemática”, estuvo a cargo de Sergio Moro, quien explicó a los hombres de Derecho del Perú, el impacto de Lava Jato en su país, expresando que “hay que incentivar” a las empresas a delatar y colaborar con la justicia.
Agregó que “la corrupción siempre existirá en mayor o menor medida y que su existencia representa un peligro que pone en riesgo la integridad de nuestro régimen jurídico y la democracia.
Sobre el proceso Lava Jato precisó que hasta el momento ya se ha juzgado y sentenciado 17 casos, entre ellos a 4 ex Directivos de Petrobras que tenían empresas Offshore y cuentas secretas en el extranjero con millones de dólares o euros.
Por su parte, Julián Palacin Fernández, Miembro de la Comisión Investigadora de las actividades ilícitas de las empresas brasileras en el Perú del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, propuso la elaboración de una Doctrina internacional que conciba esta modalidad delictiva como un delito contra el derecho internacional, en razón a que la corrupción y el lavado de activos de funcionarios públicos y empresas privadas implica la quiebra del orden jurídico nacional en tanto ataca el cumplimiento de sus fines, y víctima de este delito son todos los Estados de la Tierra.
Exhortó a la comunidad internacional a estudiar la forma de reprimir con efectividad esta modalidad delictiva, en la que no se puede permitir que los delincuentes puedan ampararse en motivaciones políticas que pretendan justificar su delito, ni recurrir al derecho de asilo.
