(Aeronoticias) Aquí no solo pagamos por la ineficiencia, sino también, en muchos casos, por la corrupción. En los últimos 30 años se nos ha repetido hasta la saciedad el credo neoliberal que exalta el virtuosismo de lo privado por encima de lo público. Lo primero es eficiencia, progreso y honradez. Lo segundo deficiencia, burocratismo y corrupción. Se ha adoptado al extremo la máxima smithiana de la mano invisible que regula el mercado y crea el progreso.
En cuanta ocasión tienen los voceros criollos de esta orientación repiten que cuando una empresa privada quiebra, solo pierde el dueño de ésta, en cambio, cuando la quebrada es una empresa pública, perdemos todos los peruanos, porque se pierde el dinero del Estado.
Lo que no dicen es que, en las economías más desarrolladas, el Estado invierte en el rescate del sector privado con el dinero de los contribuyentes. Lo saben los norteamericanos que, desde enero del 2007 a diciembre del 2010,sus autoridades financieras inyectaron un monto de 5.04 billones de dólares, equivalente al 35% de su PBI, para rescatar al Citigroup, MasterdCard, Bank Of America, Morgan Stanley, JP Morgan y Goldman Sachs. Es decir, con el dinero de todos los norteamericanos
En el Perúa ún se recuerda la astronómica suma de 700 millones de dólares que, en la década de los noventa, gastó el gobierno de Alberto Fujimori para efectuar el salvataje financiero de los Bancos Wiese Sudameris y Latino.
No es solo las finanzas del sector privado la que cuesta a todos los ciudadanos del Perú, también la justicia privada de los arbitrajes a la que, por mandato de su Ley de Contrataciones se somete el propio Estado, en caso de surgir alguna controversia en la ejecución de obras o adquisición de servicios.
Aquí no solo pagamos por la ineficiencia, sino también, y en muchos casos, por la corrupción. De acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República,del año 2015, se determinó que entre el 2003 al 2013se llevaron a cabo 2,796 arbitrajes y resulta que, en el 70% de esos procesos, el Estadosalió derrotado, con una pérdida total de S/ 1,228 millones, que pagamos todos los habitantes de este país.
En estos días en que se investiga la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, se ha descubierto que no solo ha sobornado a presidentes, candidatos presidenciales y altos funcionarios, sino también a tribunales arbitrales. Lo cual explica que, de 42 procesos ganó 35, siendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el que más arbitrajes perdió.
Como no podía ser de otro modo, aquí estaba comprometido hasta el ex procurador de este sector, Jaime Vales Carrillo y el Director General de Concesiones, Celso Martín Gamarra Doig. Según la declaración del Colaborador Eficaz 14-20017, publicada por el diario La República, la semana pasada, Odebrecht pagaba al procurador para que no impugnara y a Celso Gamarra, como árbitro designado por el MTC ante la Cámara de Comercio de Lima, para que sacara rápidamente los laudos.
En el diseño de este tinglado, Odebrecht, a través de sus ejecutivos EleubertoMatorrelli o Rony Loor Campoverde, designaban a Horacio Cánepa como su árbitro de parte, con la tarea adicional de que convenciera al tercer miembro del tribunal arbitral para que los fallos de la constructora brasileña salgan por unanimidad. A Cánepa le pagaban el 1% del monto total de los arbitrajes que resolviera a favor. Como parte del dinero recibido se le encontró $435,000 en una cuenta privada en Andorra.
A la fecha hay alrededor de 19 árbitros investigados en el Ministerio Público por laudos arbitrales en favor de Odebrecht, entre los que figuran conocidos personajes delajusticia privada, como Mario Castillo Freyre, Franz Nuncio KundmullerCaminite, y Fernando Cantuarias Salaverry. Esos laudos le costaron al Estado la “friolera” de $ 254 millones.
El caso de Odebrecht no es el único, debe haber otros por descubrir. Recordamos aún que la mafia de Rodolfo Orellana tenía una red de notarios, jueces y árbitros para despojar a las víctimas de sus propiedades.
Hay mucho por reformar en esta faz de la justicia. Para comenzar, no es permisible que los arbitrajes en que el Estado es parte, y se dirime controversias en que se juega el dinero de los peruanos, bajo la fórmula contractual de adicionales y deductivos, se procesen bajo el principio de privacidad que conlleva a una clamorosa falta de transparencia.
Lo cierto es que la proliferación de estos laudos truchos, revelan que la ineficiencia y corrupción no es patrimonio exclusivo del Estado, y debe erradicársele donde quiera que se encuentre. Es más, la del sector público camina de la mano con la del privado. ¿O alguien imagina corrupto sin corruptor? Son los prejuicios ideológicos y macartistas los que llevan a poner la puntería solo en el primero, dejando libre al segundo. Recordemos que, de no haber sido por la policía brasileña, hasta ahora la nuestra no hubiese descubierto la mega corrupción de la empresa privada Odebrecht.
Por: Antonio Castillo
Fuente: Diario UNO
