(Aeronoticias).- El Ministerio Público formalizó investigación preparatoria contra el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero y contra seis funcionarios de esa entidad, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso, peculado de uso y malversación de fondos en agravio del Estado, al encontrarse indicios del uso de recursos del Gobierno Regional de Cajamarca para financiar actividades políticas vinculadas al paro regional del 9 de noviembre de 2011.
Junto a Santos Guerrero también vienen siendo investigados los funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca: Jaime Eduardo Alcalde Goive, Wilson Gerard Baca Altamirano, Aldo Raúl Pereyra Romo, Glenn Joe Serrano Medina, Deyber Elí Flores Calle y Segundo Matta Colunche.
La investigación fiscal se produce como consecuencia de la investigación preliminar, iniciada el 19 de diciembre de 2011 por la Policía Nacional, con la finalidad de obtener los elementos de convicción.
De acuerdo a la investigación fiscal, se encontró indicios de que se usaron recursos del proyecto “Mejora de la Calidad Educativa”, ascendentes a 46 mil setenta nuevos soles, para financiar el paro regional, al contratar facilitadores y coordinadores que participaron en el mencionado evento. Se detectó incongruencias cronológicas en el proceso de contratación y en el pago del personal. Además, se observó la contratación de personas que no reunían los requisitos exigidos en los términos de referencia. Fueron contratadas 15 personas, quienes percibieron entre 2500 y 3000 soles cada uno.
RESTRICCIONES
La investigación está a cargo del fiscal provincial Manuel Benjamín Gonzáles Pisfil, integrante de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cajamarca, quien dispuso comparecencia restrictiva para los investigados, en razón de la gravedad de los hechos, por lo que solicitó que se imponga la restricción de no ausentarse de la localidad en que residen (Cajamarca).
Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó la prestación de una caución económica ascendente a 15 mil nuevos soles a cada uno de los imputados, en base al inciso 4 del Art. 288º del Código Procesal Penal.
