
Aeronoticias.com.pe considera que esta disposición es anticonstitucional, porque no se puede dar un tratamiento preferencial gravando con un mayor monto a los extranjeros en relación a los nacionales por el pago de una tasa o impuesto municipal.
La Ministra del sector que tiene buen manejo de los medios de comunicación y que viene trabajando con nota aprobatoria por el desarrollo del turismo en el Perú, debería ejercer las acciones legales para impugnar esta ordenanza municipal, en razón a que no existe base jurídica imponible alguna, ni contraprestación por este cobro que le hace mal al turismo.
El Gobierno debe poner orden si quiere enfrentar la crisis internacional en donde requerimos bajar los sobrecostos y los impuestos y gravámenes al turismo para ser competitivos, lo demás es demagogia, es hora de que los procuradores del Estado inicien las acciones legales contra los consejos provinciales o distritales que toman medidas en contra del turismo, afirmó el doctor Julian Palacín Fernández, Presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo.
Felizmente, OSITRAN analizó la posición del Instituto Peruano de Derecho Aéreo y sólo autorizó hasta un 4% en el alza de las tarifas aeroportuarias, lo cual es positivo para el turismo, expresó el doctor Palacín, ya que con este aumento LAP va a poder financiar sus obras, sin embargo se reclama una mayor acción del sector turismo frente a cobros indebidos a los turistas nacionales y extranjeros, se debe garantizar, el principio de autoridad, en razón a que el sector turismo es estratégico dentro de la política general del Estado, sostuvo Palacín, quien exhortó a la Ministra Mercedes Araoz que actúe de inmediato, ya que si se permite estas acciones otros municipios van a intentar imitar a Ollantaytambo y se grabará más la actividad turística en el país.
No puede haber gravamen sin contraprestación y en este sentido, si la Municipalidad de Ollantaytambo no brinda un servicio por el monto que pretende cobrar, su decisión administrativa es nula y hay que actuar jurídicamente para que se respeten la política turística del país y los derechos de los usuarios a no tener gravámenes ilegales, sostuvo el jurista.