(Aeronoticias).-Luego de conocerse el cuestionado fallo que reduce las penas beneficiando al grupo paramilitar Colina, y al mismo Vladimiro Montesinos, retirándoles el delito de lesa humanidad, organismos defensores de derechos humanos revelaron que denunciarán al titular de la Sala Permanente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein
Cabe precisar que Francisco Soberón, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), afirmó que en los próximos días interpondrán esta denuncia ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) e informarán a instancias internacionales sobre la controvertida sentencia.
Agregó además que esta acción también será contra los otros jueces que hayan intervenido en esta sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
En declaraciones a la agencia andina dijo que el caso de Barrios Altos está en ejecución de sentencia y «se va a informar a la Corte Interamericana respecto a este controvertido fallo que vulnera y violenta también el veredicto que dictó esta corte sobre el caso. Esto se va a denunciar.»
Cabe recordar que la matanza de Barrios Altos, en el que murieron quince personas, fue perpetrado por el siniestro escuadrón de la muerte, creado durante el régimen de Alberto Fujimori e integrado por militares reclutados, según investigaciones judiciales, por Vladimiro Montesinos, asesor del entonces presidente.
Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), aseguró en conferencia de prensa que esta sentencia “premia a los asesinos” que cometieron execrables delitos como los casos “El Santa”, “Barrios Altos”, “La Cantuta”, y el de la desaparición forzosa de “Pedro Yauri”.
Mientras que el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), precisó que este “vergonzoso documento judicial”, se ha colocado en el “podio de la impunidad”, y se convertirá en un instrumento para favorecer al sentenciado expresidente Alberto Fujimori.
Según Rivera, se estaría dando una “operación política” en beneficio de diversas personas que han violado los derechos fundamentales durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), quien fue sentenciado por delitos de lesa humanidad, en la condición de autor mediato, y de corrupción.
