Perú tiene confianza en consensuar un acuerdo energético con Brasil en un plazo fijado de 60 días, dijo hoy el canciller peruano, José García Belaúnde. «Creo que se está cerca de un acuerdo, y espero que en los próximos 60 días los ministros de Energía (de ambos países) ya puedan formular un acuerdo», comentó este sábado a la prensa el ministro de Relaciones Exteriores.
Ayer viernes, durante la visita a Lima del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no se concretó la intención brasileña de construir 15 hidroeléctricas, cinco de ellas en la región amazónica, que podrían generar en conjunto 6.000 megavatios. García Belaúnde explicó a periodistas que las dificultades para culminar el entendimiento radican en las diferencias que se tienen con respecto al método para definir los suministros de energía.
«Es decir si, como se había planteado originalmente, va a ir decreciendo la venta de energía al Brasil o si se consigna una cifra permanente (de exportación de energía) permanente para 30 años, que es la propuesta brasileña», detalló. Da Silva y su colega peruano, Alan García, acordaron reunirse el primer trimestre de 2010 para evaluar el informe de los ministros de Energía y encontrar una conclusión conjunta para atender la demanda energética de los dos países.
Por otra parte, el canciller destacó que, tras la visita oficial del mandatario brasileño, la relación entre Perú y Brasil se está consolidando en una relación bilateral cada vez más profunda y con alcance regional. En ese contexto, calificó de «muy importantes» los 16 acuerdos suscritos, orientados a afianzar la relación en los ámbitos de integración fronteriza, cooperación energética, económica y comercial, así como en cooperación técnica, cultural y educativa.
Con respecto a la recomendación del presidente Da Silva para que su homólogo peruano participe más activamente en las reuniones de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), dijo que lo importante es la contribución del Perú. Explicó que Perú ha contribuido, por ejemplo, con la iniciativa del Protocolo de Paz y Seguridad, destinada a reducir la carrera armamenista e invertir mayores recursos en la lucha contra la pobreza en la región.
