Un clara voluntad política del Estado para estimular la formalización de la pequeña minería y minería artesanal permitiría incentivar ese proceso, señaló el congresista José Carrasco Távara (PAP), quien destacó que la minería artesanal, sin contar con apoyo estatal, se está integrando a la economía formal.
El parlamentario, quien estuvo a cargo del grupo de trabajo encargado de analizar la problemática de la Pequeña Minería, Minería Artesanal y Minería Informal, así como la aplicación de la Ley N° 27651, expresó que son objetivos del Estado reordenar y formalizar al sector.
Dijo que para reducir los costos de la formalización, se debe priorizar la descentralización y la concentración de trámites mediante el sistema de ventanilla única.
Fue durante su exposición en la audiencia pública "Mitos, aportes y realidad social de la minería artesanal en el Perú", organizado por el congresista Juvenal Ordóñez Salazar (UPP).
Señaló que, al igual que se registró en el informe elaborado por el grupo de trabajo que encabezó, la minería artesanal constituye un medio de sustento y de superación de la pobreza para los estratos menos favorecidos del Perú.
Además, sostuvo, contribuye a lograr los objetivos de desarrollo del milenio de reducir los niveles de pobreza.
Hizo hincapié en que la simplificación contribuye a reducir los gastos y permite destinar recursos a una fiscalización eficiente.
Consideró que el Estado debe rediseñar su portafolio de ofertas y reorientarlas a programas de capacitación basadas en aprendizaje vivencial.
Igualmente, dijo que el desarrollo de la actividad minero-artesanal requiere una eficiente y eficaz fiscalización, para lo cual el Estado debe buscar formas idóneas de delegar el rol fiscalizador.
Sostuvo que el desarrollo de la actividad minero-artesanal debe realizarse en un ambiente de paz social y que, en ese contexto, el Estado debe cumplir un papel facilitador de consensos entre los ciudadanos.
Al sector minero, dijo, le corresponde facilitar el contacto con las comunidades minero-artesanales e incentivar un compromiso multisectorial a favor de la formalización y desarrollo ordenado de la minería artesanal en armonía con el medio ambiente, seguridad e higiene minera.
Carrasco Távara recordó que las propuestas elaboradas en el grupo de trabajo fueron plasmadas en el proyecto N° 2306, que propone la modificación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, el mismo que se encuentra en la Comisión de Energía y Minas para su estudio y debate.
Necesidad de soluciones
Por su lado, el congresista Rafael Vásquez Rodríguez (GPN), quien inauguró el evento, sostuvo que la minería artesanal no es un problema, sino una posibilidad para el Perú.
"Los peruanos prefieren producir, buscar trabajo, crear sus propios medios de subsistencia, antes que alargar la mano como muestra de mendicidad, porque tiene dignidad y los mineros artesanales tienen dignidad y se esfuerzan por trabajar", manifestó el legislador.
Consideró importante plantear soluciones y llegar a puntos concretos a través del diálogo.
Hizo una invocación a resolver serias imputaciones al sector como acciones contra la preservación del medio ambiente, y peor aún, la explotación de niños, lo que consideró un delito de ‘lesa humanidad’ que debe ser desterrado del país.
"Es necesario aclarar y afrontar este tipo de imputaciones y resolverlas. Busquemos las formas que permitan el desarrollo de una actividad que hace bien a los peruanos y al país", acotó.
Durante la audiencia también participaron representantes de diversas entidades públicas y gremiales, entre ellas de los portafolios de Salud, de la Mujer, Energía y Minas, quienes analizaron diversos aspectos de la problemática del sector.
Entre las entidades públicas también estuvieron representantes de Indecopi, Ingemmet, EsSAlud, Programa Juntos, SIS, Sunat, Policía Nacional del Perú, de los gobiernos regionales de Cusco, Piura, Huanuco, Ayacucho y Puno.
Igualmente, entidades sociales comprometidas con el sector como Cáritas y diversas organizaciones gremiales, como la Federación Nacional de Mineros Artesanales (Fenamarpe) y la Cámara Andina de Desarrollo (Camande).
