(Aeronoticias).- El gobierno de Estados Unidos y la Comisión Europea firmaron el pasado diciembre un acuerdo, que fue aprobado por el Parlamento Europeo, que obliga a las compañías aéreas europeas a suministrar al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional estadounidense datos de pasajeros, pero solo de vuelos con origen o destino en EE UU.
El acuerdo, conocido como PNR (de registro de datos de pasajeros) no sería aplicable, por tanto, al caso de Hernando Calvo Ospina, périodista colombiano, colaborador de Le Monde Diplomatique y residente desde hace 25 años en París, se quedó el pasado 6 de mayo en tierra, en pleno aeropuerto de Madrid-Barajas, solo porque un funcionario de la Embajada estadounidense le impidío embarcar a Cuba. Un vuelo directo a La Habana que no hacía escala en Estados Unidos.
«Me pidió mi pasaporte y me dijo que no podía subir al avión porque la ruta sobrevolaba durante unos minutos el espacio aéreo estadounidense y yo estaba en una lista de personas que pueden atentar contra EEUU. Yo había hecho ese mismo vuelo el octubre anterior y no me había pasado nada», expresó el periodista.
¿Qué ocurre entonces? Las autoridades norteamericanas exigen unilateralmente desde marzo a todas las aerolíneas europeas, a través del programa Secure flight overflight, que envíen antes del despegue el nombre, la fecha de nacimiento y el sexo de los pasajeros de aviones que sobrevuelen el espacio de Estados Unidos.
Entre las razones que alega EE UU son de seguridad: la posibilidad de que uno de los viajeros secuestre el avión y cambie la ruta. Por eso, los que están en su lista de indeseables no vuelan aunque no vayan a pisar suelo estadounidense. Las líneas aéreas están obligadas a meter en el sistema informático correspondiente los datos de los usuarios de estas rutas (si no lo hacen, no pueden volar), y Washington bloquea directamente la emisión de tarjetas de embarque de los que aparecen en sus listas.
Esta práctica no está amparada por el acuerdo entre la UE y EE UU.
De suceder esto la aerolínea no puede hacer nada más que llamar a los funcionarios estadounidenses, a los que se permite operar en aeropuertos españoles gracias a un acuerdo firmado en 2009 entre EE UU y el Ministerio del Interior. Los norteamericanos pueden interrogar al pasajero y son quienes deciden si finalmente puede volar. Además, al tener Washington en su poder desde marzo los datos de viajeros a terceros países, puede conocer, por ejemplo, cuántas veces ha viajado una persona a La Habana y con quién.
Los afectados por esta política estadounidense son España, a miles de pasajeros con tres destinos: Cuba, México y Canadá. Implica a dos compañías españolas (Air Europa e Iberia) y a dos aerolíneas extranjeras que operan vuelos desde España (Aeroméxico, y Air Transat). Cuando se compran billetes a Toronto, Montreal, México D. F. o La Habana, lo último que puede imaginar el pasajero es que sus datos van a ser cedidos a EE UU. A pesar de ello, ninguna de las cuatro compañías informa debidamente. Iberia —con varios vuelos semanales a Cuba y a México—, Air Europa —con seis o siete vuelos semanales a La Habana— y Aeroméxico no lo hacen. Las dos primeras aseguraron a un diario local que van a empezar a hacerlo en breve. Air Transat es la única que avisa, pero en la pestaña de información para viajeros de su web, no en el momento de comprar el billete.
Las propias compañías parecen tener dudas de cuándo deben comunicar los datos. Iberia asegura que solo los facilita en sus vuelos a México, pero no en el Madrid-La Habana porque esta ruta no está incluida en la lista de trayectos afectados que les envió EE UU. Air Europa dice lo opuesto: que ese vuelo sí está incluido, que está obligada a entregar los datos bajo pena de cuantiosas multas.
Hernando Calvo no pudo coger un vuelo que ya había pagado y que le había costado 744 euros. Así que reclamó a Air Europa que le reembolsara esa cantidad. La aerolínea le respondió que no se hacía cargo “porque es obligación de todos los pasajeros llevar consigo la documentación necesaria y tenerla a disposición de las autoridades”. Calvo la llevaba: su pasaporte estaba en regla y no necesitaba nada más para volar a Cuba.