(Aeronoticias).-Con cinco votos a favor y ninguno en contra, es decir por unanimidad fue declarado inocente el empresario Walter Martínez Moreno, por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso por su presunto vínculo con el tráfico ilícito de drogas.
«Después de cuatro juicios en mi contra, la Corte Suprema de Lima ha confirmado mi inocencia y con ello, confirma el archivamiento del mal llamado «Caso Hyduk» por aproximadamente más de 18 años. Esto confirma que nos involucraron en este tema solo por motivos de extorsión, por parte de la mafia liderada por Vladimiro Montesinos», afirmó en conferencia de prensa el empresario Walter Martínez, dueño de la empresa pesquera Hayduk.
La Corte Suprema ha confirmado la resolución adoptada por la Corte Superior del Callao, que no encontró motivo alguno para sustentar la acción fiscal, según informó el abogado del mencionado empresario, José Ugaz Sánchez Moreno.
Según opinión de Ugaz Sánchez-Moreno este es un tema juzgado y no hay forma de que se pueda a reabrir el caso. Explicó que son cinco los argumentos fundamentales, entre ellos, que la banda de narcotraficantes sentenciados jamás involucró a la familia Martínez en el caso y que el contrato entre la banda y la empresa pesquera fue por la fábrica, por lo que esta última, no tenía responsabilidad sobre la mercadería, entre otros.
Cabe recordar que, el asesor presidencial, Vladimiro Montesinos involucra a la empresa Hayduk y a la familia Martínez y sus funcionarios en tráfico de drogas. Según la familia Martínez, al no ceder estos al pago de una extorsión, lo que generó su pedido de captura nacional.
Dos pericias contable-financieras coincidieron en que el crecimiento de las empresas de la familia Martínez, estaba plenamente justificado y que el origen de los fondos era lícito.
Ante ello, se les revocó la orden de detención y se varió por una de comparecencia, quedando desvirtuada la acusación de lavado de activos, lo cual fue corroborado por la Comisión Investigadora del Congreso de la República encargada de analizar los delitos económico- financieros perpetrados en el periodo 1990 al 2001.
