PRESIDENTE GARCÍA RESPETA FALLO DEL TC SOBRE PILDORA DEL DÍA SIGUIENTE

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El presidente Alan García, dijo respetar la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que prohíbe la distribución gratuita de la “píldora del día siguiente”.
El jefe de Estado dijo, “yo soy jefe del Estado, por lo tanto, respeto la decisión del Tribunal Constitucional, los ministros están facultados para dar su opinión individual”.
 
 
Alan García

Alan García añadió que tiene sus propias opiniones en este tema, pero indicó que “no es conveniente que me exprese, como no me expreso nunca de los fallos de la Corte Suprema de Justicia”.

No obstante, expresó que cualquier ministro como persona tiene el derecho de presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una rectificación, tal como estimó el jefe de gabinete Javier Velásquez Quesquén.
El ministro de Salud, Oscar Ugarte, dijo el día viernes que el fallo del TC es injusto con los pobres, al expresar su desacuerdo con la decisión, opinión que es compartida por la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Nidia Vílchez.
El ministro de Defensa, Rafael Rey, y el cardenal de Lima, Luis Cipriani, ambas connotadas figuras del Opus Dei en Perú, resaltaron las versiones de que es un fallo discriminatorio y saludaron la decisión.
El TC de Perú ordenó el día jueves al Ministerio de Salud que suspenda la distribución gratuita de la “píldora del día siguiente” porque, según señaló, no se ha demostrado que no tenga efectos abortivos.
La sentencia también ordenó a los laboratorios que comercializan la “píldora del día siguiente” que incluyan en la posología una advertencia para que los consumidores sepan que el producto podría tener un efecto abortivo.
En Perú, el aborto es ilegal y constituye un delito contra la vida, pero se permite en el caso de “aborto terapéutico” de acuerdo a una ley vigente desde 1924, pero que 85 años después no cuenta con un protocolo médico.
Aeronoticias considera que el Tribunal Constitucional ha caído en contradicción, ya que no se puede “ser o no ser”, en todo caso el Estado constitucionalmente hablando tiene derecho a distribuir esta píldora que no es abortiva y se debería reabrir el debate y en todo caso emitirse un fallo aclaratorio, ya que los países en desarrollo tienen que tener en cuenta que el aumento de la población tiene que estar directamente relacionado con la capacidad de una familia de satisfacer las necesidades básicas de los seres que llegan al mundo.

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