(Aeronoticias).- En una prueba de la falta de seguridad jurídica en el espacio aéreo peruano, el Estado no quiere investigar ni sancionar el incumplimiento defectuoso de las obligaciones de seguridad del aeropuerto María Reiche de Nasca, el 10 de junio de 2010, en donde fallaron los controles de seguridad permitiendo que narcoterroristas ingresen armas a bordo y se apoderen ilícitamente de una aeronave Cessna Grand Caravan de transporte turístico.
La Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú norma las obligaciones de la Junta de Infracciones y Sanciones, quien debe investigar estos hechos y sancionarlos administrativamente, independientemente de la investigación que haga el Ministerio Público, sin embargo parecería ser que no se quiere investigar y menos sancionar, lo que constituiría una grave violación al artículo 157 de la Ley 27261 que establece que “son infracciones cualquier tipo de incumplimiento a las disposiciones establecidas por la presente ley y reglamentación”, sin embargo en un caso tan grave en el que está inclusive el juego, la imagen turística internacional del Perú que como país serio debe aplicar la normatividad vigente, ya que en un caso similar en el 2005 en el aeropuerto de Pisco en donde murió un bombero aeronáutico de CORPAC, en el 2007 se sancionó a esta empresa del Estado con una multa de 40 UIT.
A las empresas de aviación, a los pilotos y a los talleres aeronáuticos se les somete permanentemente a la Junta de Infracciones por cualquier tipo de incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú, entonces nos preguntamos que razones tendrían algunos funcionarios de la DGAC para no investigar las infracciones de CORPAC en la seguridad del aeródromo de Nasca, en razón a que la opinión pública y los mercados internacionales de turismo exigen transparencia en un caso tan sensible como es la seguridad.
Aeronoticias considera que el director general de Aeronáutica Civil del Perú, Crnel. FAP Ramón Gamarra Trujillo debe poner orden y bajo responsabilidad de cualquiera de sus dependientes impulsar este caso, ya que han pasado 6 meses y la DGAC del Perú no oye, no ve y no escucha sobre la necesidad de que se sancione a los responsables de la violación de la seguridad en el aeródromo de Nasca el 10 de junio de 2010, lo que originó un daño de más de 2 millones de dólares, que es el valor material de la aeronave secuestrada.
El Perú requiere seguridad jurídica en el ámbito administrativo y no inmunidad en lo referido a las sanciones e infracciones aeroportuarias.
