(Aeronoticias).-Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicó que una de cada tres familias latinoamericanas, que viene a ser alrededor de 59 millones de personas, habita en una vivienda que no es adecuada para vivir, porque está construida con materiales precarios o no cuenta con los servicios básicos.
Entre los países donde se registran los peores índices están Nicaragua, Bolivia, Perú y Guatemala, y los que mayores déficit muestran son Brasil y México.
El estudio que ha sido denominado «Un espacio para el desarrollo: los mercados de la vivienda en América Latina y el Caribe», explica que a pesar de algunos progresos durante los últimos años, el 21% de las familias de la región no tienen electricidad e instalaciones sanitarias en sus respectivas viviendas.
«La región debe abordar las causas y no los síntomas del problema habitacional, asegurando que el mercado de vivienda ofrezca soluciones adecuadas y asequibles, con títulos de propiedad y acceso a servicios básicos, para que la gente no tenga que vivir en zonas marginales u otro tipo de vivienda informal», aseguró César Bouillon, coordinador del estudio.
Según datos del referido informe, para que América Latina y el Caribe logren reducir la falta de viviendas, los gobiernos deberían septuplicar la inversión actual en los programas públicos.
«Una solución sustentable y de largo plazo requiere la movilización de recursos del sector privado para aumentar la oferta de viviendas. Los gobiernos sencillamente no disponen de los medios para hacerlo por su cuenta», agregó Bouillon.
La mayoría de familias de Caracas, La Paz, Buenos Aires, Sao Paulo, Río de Janeiro, Ciudad de México, Quito y Managua no pueden costear algo más que una morada construida por su propia cuenta. La principal limitación es la insuficiencia de ingresos, aunque también afecta la escasa oferta de viviendas de buena calidad o la dificultad para acceder a crédito.
El BID destaca que los gobiernos deben aumentar su inversión en obras básicas de infraestructura, y facilitar así la participación del sector privado a la hora de ofrecer financiamiento hipotecario.
