El ministerio de Transportes y Comunicaciones terminaría en el mes de noviembre los procesos de arbitraje de los terrenos más importantes para ser entregados a Lima Airport Partners para la construcción de la segunda pista del aeropuerto internacional Jorge Chávez, lo cual es positivo dentro de un contexto en donde durante 5 años – 2001-2006, los sucesivos ministros de Transportes no entendieron que existe un estudio de 1998 que le daba la pista actual del AIJCH una vida útil de 8 años, es decir hasta el 2006, e inclusive una consultoría a la Comisión de Infraestructura del Congreso de la República de enero de 2001 realizada por el presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo recomendaba que la segunda pista este liste en el 2006.
Extrañamente el gobierno de transición el 6 de febrero de 2001 firma el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sin tomar esta recomendación técnica y acepta que la segunda pista del AIJCH se construya en el 2012 y luego en el 2003 el viceministro de transportes, Richard Diaz sin recabar la opinión de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial CORPAC firma la addenda 3 al contrato de concesión del aeropuerto internacional Jorge Chávez y acepta que la segunda pista se construya en el 2015.
El presidente de CORPAC de la época no fue consultado por esta addenda 3 que vulneraba los intereses nacionales y afectaba potencialmente la seguridad de las operaciones aéreas del aeropuerto internacional Jorge Chávez, sin embargo este funcionario dejó su cargo y no se hizo nada en la época por la expropiación de los terrenos del aeropuerto internacional Jorge Chávez.
Aeronoticias reconoce el esfuerzo que viene realizando el ministro de Transportes, Enrique Cornejo en consolidar el objetivo de que el aeropuerto internacional Jorge Chávez pueda tener una segunda pista, lo cual es de interés nacional y está dentro de las obligaciones contractuales a cumplir por el concesionario del AIJCH – LAP que por la addenda 3 se ve beneficiado en la prorroga del plazo en el contrato original, ya que ahora tiene hasta el 2015, lo que en su momento debió ser observado por el ex contralor Genaro Matute ya que en todo caso se debió respetar el plazo original, es decir el 2012.
