Tras robo de avión, Ministerio de Transportes incumple con precisar omisiones aeroportuarias

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(Aeronoticias) El 10 de junio de 2010 narcoterroristas secuestraron con armas la aeronave Cessna Grand Caravan OB-1922 de una compañía turística en Nasca valorizada en más de dos millones de dólares.

Los reaseguradores propietarios del bien no pueden recuperar en los mercados internacionales el valor de su propiedad porque sencillamente el departamento técnico de seguridad de la aviación y mercancías peligrosas de la Dirección General de Aeronáutica Civil en 15 meses no ha cumplido con precisar por ejemplo que el explotador del aeropuerto de Nasca CORPAC, el día del secuestro aéreo no contaba con pórticos detectores de metales, violando el RAP/PNSAC 107.47(a)(2), asimismo no había agentes de seguridad en los puestos de vigilancia, se violó el programa de seguridad de la aviación civil (PNSAC) y no se vigiló a los pasajeros que ingresaron armas a la aeronave secuestrada.

Foto: Piden al viceministro de Transportes, Alejandro Chan Chiang, que ponga orden en la DGAC en relación al caso del avión secuestrado

El personal del aeropuerto no habría pasado la prueba psicológica adecuada y satisfactoria para ejercer las tareas de seguridad entre otros hechos graves y que exigen el informe administrativo en un plazo razonable ya que unos meses mas las infracciones prescriben y los dueños del avión pierden su inversión por culpa de estos funcionarios públicos ineficientes.

Trascendió que dos meses antes del secuestro, el director de seguridad de la DGAC Alan Trigoso Pissani había detectado 33 discrepancias, entre ellas la ausencia de controles de seguridad eficaz en relación a los accesos a las zonas restringidas del aeródromo, así como el control del desplazamiento de personas y vehículos dentro del área de movimiento, detectándose que el operador del aeródromo no contaba con una dependencia equipada  con detectores de mercancías peligrosas, entre otras irregularidades.

Sin embargo, 15 meses después del el acto de interferencia ilícita no se han precisado por parte de la Dirección de Seguridad Aérea de la DGAC la tipificación administrativa de estas infracciones y al no haber un debido proceso administrativo, se está afectando el llamado riesgo país, ya que los inversionistas extranjeros en reaseguros necesitan seguridad jurídica de lo contrario las primas aumentaran y se perjudicara el Perú.

Los propietarios del avión a través de sus abogados en Lima, pedirían el día de mañana a la DGAC del MTC que precisen las infracciones aeronáuticas administrativas, especialmente  la de no contar con arcos detectores de metales y permitir que se ingresen armas a bordo de una aeronave civil que obliga a los reaseguradores del aeródromo a responder por el daño, lo que permitiría recuperar la inversión en la medida que las autoridades de aeronáutica civil del Perú actúen con transparencia.

Por último, el Congreso de la República pidió un informe a la DGAC y esta dependencia en manos del APRA nunca lo contestó y tampoco este informe y otros documentos de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública, han podido obtener no obstante solicitarlo los abogados de los propietarios del avión secuestrado.

Tras robo de avión, Ministerio de Transportes incumple con precisar omisiones aeroportuarias

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