{"id":55835,"date":"2016-10-11T16:57:15","date_gmt":"2016-10-11T16:57:15","guid":{"rendered":"http:\/\/desarrollo.mcvicious.com\/aero2020\/2016\/10\/11\/julian-palacin-dicto-conferencia-en-la-universidad-san-martin-de-porres\/"},"modified":"2020-09-11T15:55:42","modified_gmt":"2020-09-11T15:55:42","slug":"julian-palacin-dicto-conferencia-en-la-universidad-san-martin-de-porres","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aeronoticias.com.pe\/noticiero\/institucionales\/julian-palacin-dicto-conferencia-en-la-universidad-san-martin-de-porres\/","title":{"rendered":"Julian Palacin dict\u00f3 conferencia en la Universidad San Martin de Porres"},"content":{"rendered":"

(Aeronoticias) <\/strong>El d\u00eda de ayer 10 de octubre del 2016 en la c\u00e1tedra de Derecho Aeron\u00e1utico a cargo de la Dra. Luz Helena Garc\u00eda N\u00fa\u00f1ez catedr\u00e1tica de la Escuela Profesional de Ciencias Aeron\u00e1uticas de la Universidad San Mart\u00edn de Porres se dict\u00f3 una Conferencia Magistral a cargo de Juli\u00e1n Palac\u00edn Fern\u00e1ndez, actual Presidente del Instituto Peruano de Derecho A\u00e9reo (IPDA) y Presidente de la Comisi\u00f3n de Derecho Aeron\u00e1utico, del Espacio y de la Aviaci\u00f3n Comercial del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL). Asistieron los alumnos de Pilotaje y Aeron\u00e1utica Civil de esta alta casa de estudios.<\/span><\/p>\n

El conferencista invitado trat\u00f3 sobre el R\u00e9gimen jur\u00eddico en el espacio a\u00e9reo, la normatividad del comandante de la aeronave en los instrumentos internacionales de aviaci\u00f3n y en la Ley 27261 Ley de Aeron\u00e1utica Civil del Per\u00fa, la soberan\u00eda en el espacio a\u00e9reo, el intercambio de derechos aerocomerciales y la acci\u00f3n popular de inconstitucionalidad que se ventila en la Corte Suprema de Justicia del Per\u00fa en el relaci\u00f3n al Acta o Memoranda de Entendimiento firmado en julio del 2011 con Chile.<\/p>\n

Se refiri\u00f3 al Art. 56\u00ba y 57\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Per\u00fa y detall\u00f3 los fundamentos del auto apelado.<\/p>\n

Dijo, De los fundamentos del auto apelado:<\/p>\n

Para una mejor comprensi\u00f3n de lo que es materia del presente recurso de apelaci\u00f3n, consideramos necesario precisar los fundamentos por los cuales se ha declarado \u201cimprocedente\u201d nuestra demanda de acci\u00f3n popular.<\/p>\n

Por un lado, la sentencia materia de impugnaci\u00f3n identifica correctamente en su los \u00a0Antecedentes que la pretensi\u00f3n de nuestra demanda de acci\u00f3n popular es que se declare la inconstitucionalidad de la Resoluci\u00f3n Ministerial N.\u00ba 412-2011-MTC\/02, por ser contrarios a los art\u00edculos 44\u00ba y 54\u00ba de la Constituci\u00f3n, as\u00ed como al art\u00edculo 7\u00ba de la Convenci\u00f3n de Viena.<\/p>\n

Sin embargo, en el considerando Sexto, la Sala Superior, al analizar el presupuesto de la \u201cgeneralidad\u201d de la norma cuestionada, se\u00f1ala que:<\/p>\n

\u201c(\u2026) de la revisi\u00f3n de la Resoluci\u00f3n Ministerial N\u00b0 412-2011-MTC\/02 se puede apreciar que no es una norma de car\u00e1cter general, pues solamente ratifica el Memor\u00e1ndum de Entendimiento suscrito entre las Autoridades Aeron\u00e1uticas Civiles de la Rep\u00fablica del Per\u00fa y de la Rep\u00fablica de Chile, con fecha 7 de abril de 2011, por el Director General de Aeron\u00e1utica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; esto es, que ha procedido a confirmar un instrumento entre autoridades aeron\u00e1uticas que es de aplicaci\u00f3n para las aerol\u00edneas civiles peruanas dentro de la relaci\u00f3n aerocomercial entre Per\u00fa y Chile, conforme a los acuerdos espec\u00edficos que contiene sobre la materia. En ese sentido, la referida Resoluci\u00f3n Ministerial es una norma individual y concreta, pues \u2018se dirige a una persona o grupo determinado de personas y prescribe una acci\u00f3n particular que se agota con un acto de ejecuci\u00f3n\u2019, como es la confirmaci\u00f3n del referido Memor\u00e1ndum de Entendimiento dentro del \u00e1mbito de la aviaci\u00f3n civil nacional\u201d [\u00e9nfasis agregado].<\/p>\n

En tal sentido, la Sala concluye que la norma cuestionada \u201cno cumple con el presupuesto de generalidad que prescribe la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el C\u00f3digo Procesal Constitucional para proceder al control de constitucionalidad respectivo, siendo en principio la demanda, manifiestamente improcedente\u201d.<\/p>\n

De otro lado, en su fundamento Noveno, la Sala manifiesta que tampoco habr\u00eda un conflicto normativo, seg\u00fan lo planteado en la demanda, por cuanto mientras hemos se\u00f1alado que el Memor\u00e1ndum de Entendimiento ratificado mediante la Resoluci\u00f3n Ministerial vulnera la soberan\u00eda nacional en cuanto al espacio a\u00e9reo que cubre el territorio del Per\u00fa; en realidad, a decir de la Sala:<\/p>\n

\u201c(\u2026) el Memor\u00e1ndum de Entendimiento regula exclusivamente asuntos de \u00edndole aerocomercial, mas no temas vinculados a la soberan\u00eda del espacio a\u00e9reo tanto de Per\u00fa como de Chile, que implique su cesi\u00f3n parcial o total a un pa\u00eds extranjero (\u2026)<\/p>\n

En ese sentido, si bien el referido Memor\u00e1ndum de Entendimiento hace menci\u00f3n en el quinto punto de acuerdo al \u2018territorio de un pa\u00eds a otro\u2019, concepto que tambi\u00e9n comprende al territorio nacional y al espacio a\u00e9reo que lo cubre, dicha referencia se hace en virtud al \u00e1mbito geogr\u00e1fico dentro del cual las aerol\u00edneas prestan sus servicios, sin que ello implique interferencia alguna sobre la potestad del Estado respecto al dominio sobre el espacio a\u00e9reo nacional\u201d [\u00e9nfasis agregado].<\/p>\n

Por lo cual, a juicio de la Sala, no habr\u00eda vulneraci\u00f3n alguna de los art\u00edculos 56\u00ba ni 44\u00ba de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

Finalmente, en su fundamento D\u00e9cimo, la Sala Superior descarta que la Resoluci\u00f3n y el Memor\u00e1ndum de Entendimiento vulnere el art\u00edculo 7\u00ba de la Convenci\u00f3n de Viena, por cuanto si el Memor\u00e1ndum no versa sobre aspectos referidos a la soberan\u00eda sobre el espacio a\u00e9reo nacional, \u201cno corresponde la suscripci\u00f3n de un Tratado internacional sobre el acuerdo de los asuntos aerocomerciales en los pa\u00edses\u201d. Pero, adem\u00e1s de ello, si se tratara de cuestionar la representatividad de las personas que suscribieron el citado Memor\u00e1ndum, la Sala concluye que \u201cen materia de actividad aerocomercial, la normatividad interna de la materia permite la suscripci\u00f3n de Memorandos de Entendimiento, como la cuestionada en el fondo en la presente demanda, cuya negociaci\u00f3n y suscripci\u00f3n se encuentra a cargo del Director General de Aeron\u00e1utica Civil y cuya ratificaci\u00f3n corre a cargo del Ministro de Transportes y Comunicaciones, como ha ocurrido en el presente caso, situaci\u00f3n que se encuentra conforme a la legislaci\u00f3n nacional\u201d.<\/p>\n

Por todas estas consideraciones, en su considerando D\u00e9cimo Tercero la resoluci\u00f3n recurrida concluye que debe declararse improcedente la demanda de acci\u00f3n popular de autos, por cuanto los argumentos expresados por nuestra parte,<\/p>\n

\u201c(\u2026) no guardan relaci\u00f3n con los contenidos constitucionalmente protegidos de los derechos invocados, pues la norma cuestionada no es de car\u00e1cter general, contrario a lo se\u00f1alado por el art\u00edculo 76\u00b0 del C\u00f3digo Procesal Constitucional, adem\u00e1s que el contenido del Memor\u00e1ndum ratificado por dicha norma cuestionada no afecta la soberan\u00eda sobre el espacio a\u00e9reo nacional y su negociaci\u00f3n, suscripci\u00f3n y ratificaci\u00f3n se ha llevado a cabo por las personas que el ordenamiento jur\u00eddico nacional ha autorizado para tal efecto, motivo por el cual, la demanda debe ser desestimada, conforme al inciso 1) del art\u00edculo 5\u00b0 del C\u00f3digo Procesal Constitucional\u201d.<\/p>\n

En s\u00edntesis, de los p\u00e1rrafos transcritos, es posible deducir que la Sala Civil ha declarado improcedente la demanda en base a las siguientes razones:<\/p>\n

La demanda es improcedente porque los argumentos expuestos por nuestra parte \u201cno guardan relaci\u00f3n con los contenidos constitucionalmente protegidos de los derechos invocados\u201d (art\u00edculo 5\u00ba inciso 1 de la Constituci\u00f3n)<\/p>\n

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala asume nuestra demanda ser\u00eda improcedente porque la Resoluci\u00f3n Ministerial N.\u00ba412-2011-MTC\/02 no es una norma de car\u00e1cter general (requisito previsto en el art\u00edculo 76\u00b0 del C\u00f3digo Procesal Constitucional)<\/p>\n

Finalmente, la Sala expresa que el contenido del Memor\u00e1ndum ratificado por la Resoluci\u00f3n Ministerial N.\u00ba412-2011-MTC\/02 no versa sobre la soberan\u00eda del espacio a\u00e9reo nacional y, por ende, no afecta los art\u00edculos 44\u00ba ni 54\u00ba de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

Y, por \u00faltimo, la negociaci\u00f3n, suscripci\u00f3n y ratificaci\u00f3n del Memor\u00e1ndum de Entendimiento se ha llevado a cabo por personas autorizadas a tal efecto en nuestro ordenamiento jur\u00eddico, por lo que tampoco se afecta el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados.<\/p>\n

En suma, de la lectura de la Resoluci\u00f3n N.\u00ba 10, materia de impugnaci\u00f3n, se aprecia que \u00e9ste incurre en diversos errores y vac\u00edos, los cuales desarrollaremos a continuaci\u00f3n.<\/p>\n

ERRORES DE LA RESOLUCI\u00d3N APELADA<\/strong><\/span><\/p>\n

Sobre la base de lo expuesto, expondremos a continuaci\u00f3n cada uno de los errores en los que ha incurrido la resoluci\u00f3n que se apela y que ser\u00e1n objeto de una nueva evaluaci\u00f3n por el Superior Jer\u00e1rquico, esperando que se rectifiquen las omisiones incurridas y se revoque la resoluci\u00f3n, y se declare fundada nuestra pretensi\u00f3n de acci\u00f3n popular.<\/p>\n

ES INCORRECTA LA APLICACI\u00d3N DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ART\u00cdCULO 5\u00ba INCISO 1 DEL C\u00d3DIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL<\/strong><\/p>\n

Un primer error que contiene la Resoluci\u00f3n apelada, se\u00f1or Presidente, consiste en la indebida aplicaci\u00f3n de la causal de improcedencia del art\u00edculo 5\u00ba inciso 1 del C\u00f3digo Procesal Constitucional; disposici\u00f3n que, como se\u00f1ala el encabezado del T\u00edtulo I del C\u00f3digo Procesal Constitucional (dentro del cual figura el art\u00edculo 5\u00ba), s\u00f3lo resulta aplicable a los procesos de h\u00e1beas corpus, amparo, h\u00e1beas data y cumplimiento (esto es, procesos de tutela de derechos), y no a los procesos de control normativo (como lo es, en este caso, el proceso de acci\u00f3n popular).<\/p>\n

Por ello, se explica el craso error en el que incurre la Resoluci\u00f3n apelada cuando justifica la improcedencia de la demanda, se\u00f1alando que los argumentos expuestos en nuestra demanda de acci\u00f3n popular \u201c(\u2026) no guardan relaci\u00f3n con los contenidos constitucionalmente protegidos de los derechos invocados\u201d. Aqu\u00ed la pregunta es la siguiente: \u00bfcabe hablar de \u201cderechos invocados\u201d en una demanda de acci\u00f3n popular? Sin desconocer la dimensi\u00f3n subjetiva de los procesos de control normativo, es obvio que una demanda de acci\u00f3n popular es un proceso de control abstracto, en el cual el juez constitucional s\u00f3lo debe ce\u00f1irse a comparar la compatibilidad l\u00f3gica entre dos normas (la reglamentaria, y la norma constitucional y\/o legal), para extraer de all\u00ed la conclusi\u00f3n sobre su constitucionalidad y\/o legalidad. De hecho, en nuestra demanda de acci\u00f3n popular, lo que hemos denunciado es la afectaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad conformado por los art\u00edculos 44\u00ba y 54\u00ba de la Constituci\u00f3n y la Convenci\u00f3n de Viena, pero nuestra demanda no se fundamenta en la violaci\u00f3n \u201cderechos invocados\u201d como err\u00f3neamente sostiene la Sala.<\/p>\n

En realidad, las \u00fanicas causales de improcedencia previstas para el caso de la acci\u00f3n popular, son aquellas que figuran en el art\u00edculo 76\u00ba del C\u00f3digo Procesal Constitucional, que a la letra se\u00f1ala:<\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 76.- Procedencia de la demanda de acci\u00f3n popular<\/p>\n

La demanda de acci\u00f3n popular procede contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de car\u00e1cter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan la Constituci\u00f3n o la ley, o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constituci\u00f3n o la ley, seg\u00fan el caso\u201d.<\/p>\n

S\u00f3lo estas, y no otras, son las causales de improcedencia que el juez constitucional puede aplicar a la acci\u00f3n popular; pues de lo contrario, si se pudiera extender otras causales previstas para otro tipo de procesos constitucionales, se estar\u00eda desnaturalizando la finalidad que persigue el proceso de acci\u00f3n popular, que al igual que el proceso de inconstitucionalidad, busca garantizar la supremac\u00eda normativa de la Constituci\u00f3n en abstracto, y no as\u00ed la tutela de \u201cderechos\u201d constitucionales en un caso concreto; del mismo modo como no se podr\u00eda aplicar una causal de improcedencia prevista para los procesos de control normativo, a los procesos de tutela de derechos constitucionales, lo que ser\u00eda igualmente un desprop\u00f3sito.<\/p>\n

Por esta raz\u00f3n, consideramos que la invocaci\u00f3n del art\u00edculo 5\u00ba inciso 1 del C\u00f3digo Procesal Constitucional, como justificaci\u00f3n para declarar la improcedencia de nuestra demanda de acci\u00f3n popular, es impertinente e incorrecta a todas luces, por lo que constituye un error que deber\u00e1 ser advertido y corregido oportunamente por el superior jer\u00e1rquico.<\/p>\n

ES FALSO QUE LA RESOLUCI\u00d3N MINISTERIAL N.\u00ba 412-2011-MTC\/02 NO SEA UNA NORMA DE CAR\u00c1CTER GENERAL (COMO EXIGE ART\u00cdCULO 76\u00b0 DEL C\u00d3DIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL).<\/strong><\/p>\n

En segundo lugar, hace bien la resoluci\u00f3n apelada al afirmar que es un requisito de procedencia de la acci\u00f3n popular, el que la norma que se impugna sea una de car\u00e1cter general. Sin embargo, yerra al concluir que la Resoluci\u00f3n N.\u00ba 412-2011-MTC no sea una norma de tales caracter\u00edsticas. Veamos.<\/p>\n

Tal como hemos expuesto ampliamente en la demanda, la Resoluci\u00f3n Ministerial N.\u00ba 412-2011-MTC\/02 y el Memor\u00e1ndum de Entendimiento suscrito entre las autoridades de aeron\u00e1utica civil de Per\u00fa y Chile, vulneran flagrantemente nuestro ordenamiento constitucional y legal, en tanto ha permitido que Chile, en la actualidad, a trav\u00e9s de las empresas Lan Airlines y su filial Lan Per\u00fa, ostenten hoy un cuasi monopolio, y una posici\u00f3n de dominio en el marcado internacional, que evidentemente afecta no s\u00f3lo al inter\u00e9s nacional y a las empresas peruanas que se dedican a la aviaci\u00f3n civil (en las cuales se viene generando una situaci\u00f3n manifiestamente discriminatoria), sino tambi\u00e9n a los usuarios del servicios a\u00e9reo en nuestro pa\u00eds. He all\u00ed la prueba de que, contrariamente a lo sostenido por la Sala, la norma cuya constitucionalidad venimos cuestionando s\u00ed es una norma general, pues sus efectos en nuestro ordenamiento jur\u00eddico abarca a una pluralidad de destinatarios en los hechos, y no s\u00f3lo a quienes suscribieron dicho Memor\u00e1ndum de Entendimiento, como lo entiende err\u00f3neamente la resoluci\u00f3n apelada.<\/p>\n

Por esta consideraciones, consideramos que este extremo de la resoluci\u00f3n impugnada, en el sentido de que nuestra demanda de acci\u00f3n popular ser\u00eda improcedente porque la norma impugnada no tiene efectos generales, carece de sustento, y amerita ser revisada por el Superior Jer\u00e1rquico.<\/span><\/p>\n

ES FALSO QUE LA RESOLUCI\u00d3N MINISTERIAL N.\u00ba 412-2011-MTC\/02 NO GUARDE RELACI\u00d3N CON EL TEMA DE LA SOBERAN\u00cdA DEL ESPACIO A\u00c9REO PERUANO.<\/strong><\/span><\/p>\n

En tercer lugar, consideramos que la Resoluci\u00f3n Ministerial N.\u00ba 412-2011-MTC\/02, contrariamente a lo se\u00f1alado en la resoluci\u00f3n apelada, s\u00ed guarda relaci\u00f3n con el asunto de la soberan\u00eda del espacio a\u00e9reo peruano, y por tanto, s\u00ed afecta los art\u00edculos 44\u00ba y 54\u00ba de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

Para ello, bastar\u00e1 se\u00f1alar que, como hemos expresado en la demanda de acci\u00f3n popular, estamos ante un tema de soberan\u00eda porque, mediante la cuestionada Resoluci\u00f3n Ministerial y el Memor\u00e1ndum de Entendimiento que \u00e9sta ratifica, se est\u00e1 entregando segmentos de quinta libertad a la Rep\u00fablica de Chile, sin reciprocidad y sin exigirle las compensaciones econ\u00f3micas que exige el art\u00edculo 98\u00ba inciso d) de la Ley N.\u00ba 27261, Ley de Aeron\u00e1utica Civil; y es el caso, que el art\u00edculo 56\u00ba de la Constituci\u00f3n, establece que los tratados en temas de soberan\u00eda, deben ser aprobados por el Congreso, antes de la ratificaci\u00f3n del Presidente; procedimiento \u00e9ste que, dem\u00e1s est\u00e1 decirlo, no ha sido observado por la Resoluci\u00f3n Ministerial materia de acci\u00f3n popular.<\/p>\n

En este punto, no debe olvidarse que el art\u00edculo 98\u00ba de la Ley N.\u00ba 27261 establece el derecho a pedir una compensaci\u00f3n econ\u00f3mica, ante la ausencia de reciprocidad, a una transportadora como es LAN Airlines. Sin embargo, al negociarse y aprobarse el Memor\u00e1ndum de Entendimiento, que luego fue ratificado por la Resoluci\u00f3n Ministerial que cuestionamos, se ha dejado de lado esta compensaci\u00f3n, lo que supone que esta Resoluci\u00f3n Ministerial agravia tambi\u00e9n la citada Ley N.\u00ba 27261, Ley de Aeron\u00e1utica Civil, y que establece los criterios para el otorgamiento de los derechos aerocomerciales, y que es una norma que se encuentra gobernada por el principio de reciprocidad, que se ve vulnerado manifiestamente por la norma impugnada.<\/span><\/p>\n

Por eso decir \u2013como lo hace la Sala\u2013 que las disposiciones reglamentarias materia de acci\u00f3n popular no afectan la soberan\u00eda nacional, no se condice con la verdad de los hechos, pues est\u00e1 demostrado que s\u00ed tiene una directa incidencia en la definici\u00f3n de la soberan\u00eda del espacio a\u00e9reo nacional y, sobre todo, en la inobservancia del derecho a la compensaci\u00f3n que prev\u00e9 la Ley N.\u00ba 27261; compensaciones que jam\u00e1s fueron negociadas por el Estado Peruano y su similar de Chile. Dicho en otras palabras, en tanto nuestra autoridades de aeron\u00e1utica civil no negociaron compensaci\u00f3n econ\u00f3mica alguna a favor del Estado Peruano, por los derechos de quinta libertad que fueron otorgados a Chile, incurrieron en una grave omisi\u00f3n respecto a los derechos soberanos que ostenta nuestro pa\u00eds en la utilizaci\u00f3n y uso del espacio a\u00e9reo.<\/span><\/p>\n

Siendo esto as\u00ed, si los acuerdos asumidos en el Memor\u00e1ndum de Entendimiento, ratificados por la Resoluci\u00f3n Ministerial N.\u00ba 412-2011-MTC\/02, versaban o ten\u00edan directa incidencia en la soberan\u00eda del espacio a\u00e9reo nacional, dicha materia s\u00f3lo pod\u00eda ser abordada \u00a0y aprobada v\u00e1lidamente por el Congreso, antes de su ratificaci\u00f3n por el Presidente de la Rep\u00fablica (tal como manda el art\u00edculo 56\u00ba de la Constituci\u00f3n); y en el negado supuesto de que se trate de un simple convenio, si bien no se requiere la aprobaci\u00f3n previa del Congreso, s\u00ed era necesario un Decreto Supremo debidamente refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, as\u00ed como por el Presidente de la Rep\u00fablica, y coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que indudablemente no sucedi\u00f3 en el presente caso (s\u00f3lo fue firmado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones de ese entonces), por lo que debido a esta infracci\u00f3n del art\u00edculo 56\u00ba de la Constituci\u00f3n, las citadas disposiciones reglamentarias son inconstitucionales, y ello amerita que se declare fundada la demanda de acci\u00f3n popular de autos, en todos sus extremos.<\/span><\/p>\n

ES FALSO QUE LA NEGOCIACI\u00d3N, SUSCRIPCI\u00d3N Y RATIFICACI\u00d3N DEL MEMOR\u00c1NDUM DE ENTENDIMIENTO HAYAN SIDO CONFORMES A NUESTRO ORDENAMIENTO JUR\u00cdDICO.<\/strong><\/p>\n

Finalmente, se\u00f1or Juez, apreciamos que la Resoluci\u00f3n N.\u00ba 10, declaratoria de improcedencia de nuestra demanda de acci\u00f3n popular, desconoce que, precisamente por cuanto la materia regulada en las disposiciones cuestionadas versaban sobre la soberan\u00eda del espacio a\u00e9reo nacional, \u00e9sta deb\u00edan seguir el cauce o procedimiento previsto en los art\u00edculos 44\u00ba y 54\u00ba de la Constituci\u00f3n; por lo que, al no hacerlo as\u00ed, vulneran tambi\u00e9n estas disposiciones constitucionales, as\u00ed como el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados.<\/span><\/p>\n

En definitiva, en el presente caso, la Sala Civil no ha fundamentado correctamente por qu\u00e9 considera que nuestra pretensi\u00f3n de acci\u00f3n popular resulta improcedente, por lo que esta ausencia de an\u00e1lisis sobre el fondo del asunto impide la correcta soluci\u00f3n a este proceso de control normativo, lo que equivale a decir que la decisi\u00f3n de la Sala abdica en la protecci\u00f3n de la regularidad constitucional de nuestro ordenamiento jur\u00eddico.<\/span><\/p>\n

NATURALEZA DEL AGRAVIO<\/span><\/p>\n

El auto expedido por la Sala, mediante la cual se ha declarado improcedente nuestra demanda de acci\u00f3n popular sin tomar en consideraci\u00f3n los argumentos expuestos por nuestra parte, ha determinado que la supremac\u00eda normativa de la Constituci\u00f3n y de la ley no sean adecuadamente protegidos a trav\u00e9s de esta v\u00eda de control normativo.<\/span><\/p>\n

En tal sentido, la resoluci\u00f3n apelada aplaza la reparaci\u00f3n a estas afectaciones al orden constitucional y legal, ocasionadas por las disposiciones reglamentarias materia de acci\u00f3n popular; lo cual implica que se viene postergando la necesidad de que se restablezca dicha situaci\u00f3n anormal a trav\u00e9s de la expulsi\u00f3n de tales disposiciones de nuestro ordenamiento jur\u00eddico, y su consecuente imposibilidad de aplicaci\u00f3n a sus destinatarios.<\/span><\/p>\n

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(Aeronoticias) El d\u00eda de ayer 10 de octubre del 2016 en la c\u00e1tedra de Derecho Aeron\u00e1utico a cargo de la Dra. 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