{"id":56568,"date":"2017-05-12T19:25:55","date_gmt":"2017-05-12T19:25:55","guid":{"rendered":"http:\/\/desarrollo.mcvicious.com\/aero2020\/2017\/05\/12\/presentan-informe-sobre-el-caso-korina-rivadeneira\/"},"modified":"2017-05-12T19:25:55","modified_gmt":"2017-05-12T19:25:55","slug":"presentan-informe-sobre-el-caso-korina-rivadeneira","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aeronoticias.com.pe\/noticiero\/nacionales\/presentan-informe-sobre-el-caso-korina-rivadeneira\/","title":{"rendered":"Presentan Informe sobre el caso Korina Rivadeneira"},"content":{"rendered":"

(Aeronoticias)<\/strong> La Vicepresidente de la Comisi\u00f3n Consultiva de G\u00e9nero, Igualdad y No Discriminaci\u00f3n del Colegio de Abogados de Lima (CAL), la abogada Giuliana Grimaldo Ugarriza, Reg. CAL 36906, expidi\u00f3 un pronunciamiento jur\u00eddico dirigido al abogado y Superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla Echevarria, que es abogado y tiene Registro CAL 65082, que dice lo siguiente:<\/span><\/p>\n

\u201cPRIMERO: Rechazamos el acoso medi\u00e1tico y xenof\u00f3bico de los medios de comunicaci\u00f3n y de algunas personas contra la joven de nacionalidad Venezolana Korina Rivadeneira, casada con el ciudadano Peruano Mario Hart y los actos jur\u00eddicos anticonstitucionales de la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM) que anulando el Carnet de Extranjer\u00eda y sin respetar el debido procedimiento administrativo, en 5 horas ordenaron la expulsi\u00f3n del pa\u00eds de esta joven casada con un ciudadano Peruano\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cSEGUNDO: La Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM) bajo responsabilidad deber\u00e1 aplicar al caso Korina Rivadeneira la Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara en el precedente Expediente 02744-2015AA interpuesto por el Sr. Jesus Mesquita Olivera de nacionalidad Brasile\u00f1a, estado de cosas inconstitucional por la falta de procedimiento migratorio sancionador\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cTERCERO: Esta sentencia del TC, establece la obligaci\u00f3n de la SNM de respetar los Derechos Constitucionales a la protecci\u00f3n de la familia Hart-Rivadeneira, a su matrimonio, al debido proceso y a la defensa, as\u00ed como la posibilidad de que ambos c\u00f3nyuges cumplan con el deber y derecho de esposos de desarrollar una familia en el Per\u00fa y a futuro alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cCUARTO: El TC en esta sentencia Exp. N. 2744-2015AA se\u00f1al\u00f3 que es innegable la relevancia constitucional que adquiere la situaci\u00f3n de los migrantes cuya condici\u00f3n jur\u00eddica es irregular, pues tiene una especial condici\u00f3n de vulnerabilidad. \u00a0Y ello, porque, al no encontrarse en sus pa\u00edses de procedencia enfrentan diversas barreras, adem\u00e1s de dificultades econ\u00f3micas y sociales y porque dada su situaci\u00f3n de irregularidad, se encuentran expuestos a ser v\u00edctimas de violencia, xenofobia y otras formas de discriminaci\u00f3n o trato inhumano y degradante, pese a lo cual evitan ponerse en contacto con las autoridades por el temor a ser puestas a detenci\u00f3n migratoria y eventualmente deportada (Asamblea General de Naciones Unidas. Resoluci\u00f3n sobre Protecci\u00f3n de Inmigrantes, A\/RES\/54\/166, 24 de febrero del 2000 Pre\u00e1mbulo)\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cQUINTO: En ese contexto el Tribunal Constitucional del Per\u00fa ha establecido que la pol\u00edtica migratoria del Estado no puede soslayarnos premisas esenciales\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cEn primer lugar, que la entrada o residencia irregulares nunca deben considerarse delitos, sino tan solo faltas administrativas, por lo que el recurso a una eventual detenci\u00f3n administrativa debe ser excepcional y siempre que dicha medida se encuentre prescrita por la ley, adem\u00e1s de que sea necesaria, razonable y proporcional a los objetivos que se pretende alcanzar. La privaci\u00f3n de libertad de un migrante en situaci\u00f3n irregular solo se justificar\u00e1 cuando exista un riesgo inminente de que eluda futuros procesos judiciales o procedimientos administrativos o cuando la persona representa un peligro para su propia seguridad o para la seguridad p\u00fablica; ello durante el menor tiempo posible y a partir de una evaluaci\u00f3n individual de cada caso, con el respeto de las salvaguardias procesales que correspondan\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cEn segundo lugar, que los derechos humanos de los migrantes constituyen un l\u00edmite infranqueable a su potestad migratoria\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cEn ese mismo sentido, y de acuerdo con la sentencia del caso V\u00e9lez Loor vs. Panam\u00e1, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que, en el marco de un procedimiento migratorio sancionador, resulta exigible reconocer a los extranjeros en situaci\u00f3n irregular las siguientes garant\u00edas formales m\u00ednimas\u201d:<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cEl derecho a ser informado expresa y formalmente de los motivos que dieron lugar a la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n administrativa (multa, salida obligatoria, cancelaci\u00f3n de permanencia o residencia, o expulsi\u00f3n) y de los cargos en su contra, si los hubiere. La puesta en conocimiento puede darse mediante comunicaci\u00f3n escrita dirigida al \u00faltimo domicilio registrado por el extranjero ante la autoridad migratoria, y contendr\u00e1 copia \u00edntegra de la resoluci\u00f3n respectiva, o en su defecto, al momento en que el extranjero en situaci\u00f3n irregular se apersone a la autoridad competente para regularizar su permanencia en el pa\u00eds\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cAqu\u00ed cobra especial importancia lo anotado respecto al car\u00e1cter excepcional de la detenci\u00f3n administrativa de un migrante en situaci\u00f3n irregular, la cual solo se justificar\u00e1 cuando exista un riesgo inminente de que a futuros procesos judiciales o procedimientos administrativos y no se adviertan medidas alternativas menos lesivas que garanticen su comparecencia ante la autoridad migratoria, o cuando la persona representa un peligro para su propia seguridad o para la seguridad p\u00fablica; ello durante el menor tiempo posible y a partir de una evaluaci\u00f3n individual de cada caso, con el respeto de las salvaguardias procesales que correspondan\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cLa posibilidad de exponer y acreditar las razones que lo asistan en contra de la sanci\u00f3n administrativa impuesta\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cLa posibilidad de solicitar y recibir asesor\u00eda legal, incluso a trav\u00e9s de servicio p\u00fablico gratuito de ser aplicable y, de ser el caso, traducci\u00f3n o interpretaci\u00f3n, as\u00ed como asistencia consular, si correspondiere\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cEn caso de decisi\u00f3n desfavorable, el derecho a someter su caso a revisi\u00f3n ante una autoridad competente e imparcial, la cual se encuentra obligada a resolver los recursos que correspondan dentro de un plazo razonable. El migrante puede recurrir por derecho propio o a trav\u00e9s de un representante\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cLa eventual expulsi\u00f3n solo podr\u00e1 efectuarse tras una decisi\u00f3n fundamentada conforme a la ley y debidamente notificada\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cSEXTO: Bajo estos criterios, se tiene en el caso concreto de Korina Rivadeneira, ella titular de un Carnet de Extranjer\u00eda expedido en el 2014 por la Superintendencia Nacional de Migraciones que se le anul\u00f3 y en 5 horas se le hizo un procedimiento administrativo ante la Polic\u00eda de Migraciones que no respeto las Normas del debido procedimiento establecido en el 1.2 de la <\/em><\/strong><\/p>\n


<\/em><\/strong><\/p>\n

Ley 27444 que establece que los administrados gozan de todos los derechos y garant\u00eda inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisi\u00f3n motivada y fundada en derecho, y mediante Resoluci\u00f3n de Superintendencia No. 000-101-2017-MIGRACIONES se le impuso la sanci\u00f3n de CANCELACI\u00d3N DE LA RESIDENCIA a la extranjera venezolana Korina Rivaneira por haber supuestamente falseado documentaci\u00f3n para obtener la calidad migratoria de TRABAJADORA, resoluci\u00f3n que ser\u00eda nula por lo siguiente\u201d:<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cNO se notific\u00f3 a la extranjera venezolana Korina Rivadeneira el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, requisito indispensable para ejercer la facultad sancionadora, por lo que al no haberse iniciado el mismo, la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n resulta arbitraria\u201d. <\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cNO se notific\u00f3 el Atestado a la extranjera venezolana Korina Rivadeneria para que pueda presentar sus descargos de manera escrita, conforme lo manda la Ley No. 27444\u201d. <\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cNO se ha permitido el ejercicio del derecho a la defensa de la extranjera venezolana Korina Rivadeneira\u201d. <\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cLa Gerencia de Servicios Migratorios sancion\u00f3 a la extranjera venezolana Korina Rivadeneira por haber supuestamente falseado documentaci\u00f3n para ser Turista y no para ser Trabajadora, por lo que el Superintendente, NO puede aplicar sanciones por motivos diferentes de los motivos indicados en el Recuso Impugnatorio, debido a la prohibici\u00f3n de reformatio in peius\u201d. <\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cNO se ha diferenciado entre \u00f3rgano instructor y \u00f3rgano sancionador. El mismo Sr. Eduardo Sevilla afirma que \u201cactuar\u00e1 en base al Informe emitido por la Divisi\u00f3n de Extranjer\u00eda\u201d, lo que acarrea la validaci\u00f3n de afirmaciones que no han sido corroboradas por el \u00f3rgano sancionador\u201d. <\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cNO se ha orden\u00f3 ninguna diligencia por parte de Migraciones, sancionando s\u00f3lo en base al Informe emitido por la Divisi\u00f3n de Extranjer\u00eda. De esta forma, quien realmente est\u00e1 sancionando es la Divisi\u00f3n de Extranjer\u00eda y no la Superintendencia Nacional de Migraciones\u201d. <\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cLas anteriores leyes de extranjer\u00eda NO establec\u00edan cu\u00e1l era la sanci\u00f3n por trabajar sin la calidad migratoria habilitante. La actual Ley de Extranjer\u00eda (Decreto de Migraciones No. 1350) dispone que son conductas infractoras pasibles de multas el realizar actividades que no correspondan a la calidad migratoria, por lo que NO se ha aplicado el principio de retroactividad benigna. Siendo ello as\u00ed, esperamos que el Superintendente Nacional de Migraciones cese y desista de la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la extranjera venezolana Korina Rivadeneira y declare la nulidad de su resoluci\u00f3n\u201d. <\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cNO se han respetado los principios recogidos en el T\u00edtulo Preliminar de la Nueva Ley de Extranjer\u00eda, vigente al momento de la imposici\u00f3n de sanci\u00f3n: principio de integraci\u00f3n del migrante; principio unidad migratoria familiar; principio de no criminalizaci\u00f3n de la migraci\u00f3n irregular; principio de formalizaci\u00f3n migratoria\u201d. <\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cNO se quiere iniciar de manera correcta el procedimiento migratorio sancionar conforme a la Nueva Ley de Extranjer\u00eda, al otorgar esta norma mayores beneficios a los extranjeros\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n


<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cPor lo que, estando a lo expuesto, se advierte principalmente que la extranjera venezolana Korina Rivaneira no pudo defenderse ni contradecir los cargos imputados porque no fueron notificados por la instancia administrativa correspondiente, con lo cual se vulner\u00f3 el derecho constitucional a la defensa, establecido en el art\u00edculo 139\u00b0, inciso 14, de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Per\u00fa de 1993, que establece el principio de que toda persona no puede ser privada del derecho de defensa en ning\u00fan estado del proceso, esto incluye tambi\u00e9n el proceso por faltas. <\/em><\/strong><\/p>\n

Sobre los alcances del derecho de defensa el Tribunal Constitucional en la STC 1941-2002-AA\/TC ha establecido que, refiri\u00e9ndose a los \u201cel estado de indefensi\u00f3n opere en el momento en que, al atribu\u00edrsela la comisi\u00f3n de una acto u omisi\u00f3n antijur\u00eddicos, se le sanciona sin permitir ser o\u00eddo o formular sus descargos, con las debidas garant\u00edas, situaci\u00f3n que puede extenderse a lo largo de todas las etapas del proceso y frente a cualquier tipo de articulaciones que se pueda promover\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cAsimismo, se habr\u00edan vulnerado las siguientes normas\u201d:<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cEl art\u00edculo 11\u00b0, inciso 1, de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos, se\u00f1ala que toda persona acusada de un delito se le asegure todas las garant\u00edas necesarias para su defensa\u201d. <\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cEl art\u00edculo 14\u00b0, inciso 3, numeral d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, indica que toda persona tiene derecho a hallarse presente en un proceso, a \u00a0defenderse y hacer asistida por un defensor de su elecci\u00f3n, y si no tuviera defensor, el derecho que se le nombre un defensor de oficio\u201d. <\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cEl Art\u00edculo 8\u00b0, inciso 2, numeral d) y e) de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, establece, que durante el proceso toda persona tiene derecho, en plena igualdad, al derecho del inculpado de ser asistido por un defensor de su elecci\u00f3n o el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado\u201d. <\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cAsimismo, el art\u00edculo 8\u00b0, inciso 2, numeral f) de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, se\u00f1ala, el derecho que tiene la defensa de interrogar a los peritos sobre la pericia realizada\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cQue, en tal sentido, la sanci\u00f3n de salida obligatoria del pa\u00eds e impedimento de ingreso al territorio nacional, no puede ser impuesta a la ciudadana Venezolana sin respetarle la observancia a un debido proceso previstos en el Art. 139 Inc.2 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Per\u00fa\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cCualquier sanci\u00f3n a una ciudadana extranjera deber\u00e1 considerar que en la actualidad est\u00e1 casada con el ciudadano Peruano Mario Hart, por lo que la sanci\u00f3n de expulsi\u00f3n del pa\u00eds significar\u00eda la separaci\u00f3n f\u00edsica de su esposo y miembro de su familia\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cSETIMO: Por otro lado, siguiendo el pensamiento jurisprudencia del \u00a0TC, consideramos que la sanci\u00f3n de la Superintendencia Nacional de Migraciones contra Korina Rivadeneira es desproporcionada y lesiva al inter\u00e9s superior de su actual esposo y no toma en cuenta su opini\u00f3n sobre el alcance de la afectaci\u00f3n que podr\u00eda generar la ruptura matrimonial y familiar por la salida obligatoria con impedimento de ingreso esta joven Venezolana de 25 a\u00f1os de edad\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cSi bien, conforme con las normas migratorias la sanci\u00f3n contra Korina Rivadeneira ser\u00eda la \u00a0consecuencia de aplicaci\u00f3n de las normas de extranjer\u00eda, citando esta sentencia del \u00a0TC, consideramos que la Superintendencia Nacional de Migraciones no ha acreditado la existencia de motivos de inter\u00e9s p\u00fablico que tornen imprescindible la salida obligatoria del recurrente, m\u00e1xime si no se ha valorado los lazos familiares de tener esposo \u00f3 conviviente, v\u00eda uni\u00f3n de hecho peruano quien se ver\u00eda seriamente afectado con la medida\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cOCTAVO: Por estas consideraciones, consideramos que la Superintendencia Nacional de Migraciones ha vulnerado \u00a0el derecho al debido procedimiento y el derecho de protecci\u00f3n a la familia de Korina Rivadeneira y debe anular de oficio todos los actos administrativos que ha contravenido la Constituci\u00f3n, las leyes y las normas reglamentarias, de lo contrario el Poder Judicial deber\u00e1 hacer justicia sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales de Ley de todos los funcionarios p\u00fablicos que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n se han prestado a violar los derechos constitucionales a residir en el Per\u00fa de Korina Rivadeneira\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cNOVENO: Por \u00faltimo la actual Ley de Extranjer\u00eda, aprobada mediante Decreto Legislativo N\u00b0 1236, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de setiembre de 2015, no regula las garant\u00edas formales y materiales que componen el derecho al debido procedimiento de los extranjeros sujetos a un procedimiento migratorio sancionador, pues no establece un procedimiento especifico que dote de garant\u00edas previas al migrante en situaci\u00f3n irregular frente a la eventual imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n administrativa en su contra\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cDECIMO: El referido D. L. \u00a0en su Primera Disposici\u00f3n Complementaria Final establece que a los noventa d\u00edas h\u00e1biles entrar\u00e1 en vigencia el Reglamento. Para tal efecto, mediante Resoluci\u00f3n Suprema 015-2016-PCM, de fecha 22 de noviembre de 2015, se cre\u00f3 la Comisi\u00f3n Multisectorial de naturaleza temporal encargada de elaborar el proyecto del Reglamento, empero, hasta la fecha no se ha emitido la norma reglamentaria que supere el vac\u00edo normativo. Esta omisi\u00f3n en la regulaci\u00f3n no solo da cuenta de la indiferencia del Estado frente a la protecci\u00f3n jur\u00eddica que reconoce la Constituci\u00f3n a los migrantes, sino que resulta lesiva de su derecho al debido procedimiento\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cDECIMO PRIMERO: Este razonamiento le permite en el precedente Jurisprudencial al TC colegir que la omisi\u00f3n normativa ha afectado no solo al demandante, sino que ata\u00f1e a otros sujetos que se hallan en condiciones an\u00e1logas. En raz\u00f3n de ello, el Tribunal considera necesario recurrir a la t\u00e9cnica del estado de cosas inconstitucionales a fin de dotar de efecto expansivo general a las consideraciones realizadas en esta ocasi\u00f3n\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cDECIMO SEGUNDO: Al declarar el TC como un estado de cosas inconstitucional la falta de una norma legal o reglamentaria que regule un procedimiento unificado, claro y espec\u00edfico, donde se precisen las garant\u00edas formales y materiales de los migrantes sujetos a un procedimiento migratorio sancionador, \u00a0dispone que, en un plazo de tres meses, la Comisi\u00f3n Multisectorial, creada mediante Resoluci\u00f3n Suprema 015-2016-PCM, en forma coordinada con la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Poder Ejecutivo, debe cumplir con expedir el informe t\u00e9cnico que contenga el proyecto normativo del Reglamento del Decreto Legislativo N\u00b0 1350\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n

\u201cDECIMO TERCERO: En conclusi\u00f3n somos de la opini\u00f3n que los Actos Administrativos de la Superintendencia Nacional de Migraciones contra Korina Rivadeneira han contravenido la Constituci\u00f3n y en consecuencia son actos inv\u00e1lidos dictados contra el Ordenamiento Jur\u00eddico Peruano y deben ser anulados a fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa consagrados en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Per\u00fa\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n


<\/em><\/strong><\/p>\n

<\/em><\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

(Aeronoticias) La Vicepresidente de la Comisi\u00f3n Consultiva de G\u00e9nero, Igualdad y No Discriminaci\u00f3n del Colegio de Abogados de Lima (CAL), la abogada Giuliana Grimaldo Ugarriza, Reg. 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