Zelaya, derrocado en un golpe de Estado el 28 de junio, exige la firma del Acuerdo de San José, que establece su restitución, en tanto el presidente de facto, Roberto Micheletti, busca evitarla y trata de ganar reconocimiento internacional para las elecciones del 29 de noviembre. Refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde hace dos semanas, Zelaya dijo el martes que desconfía de un diálogo con el régimen de facto y que «la gran obstinación de no entregar el poder» amenaza los comicios y con profundizar la crisis.
«La OEA debe aclarar su posición, está muy suave, está mostrando mucha suavidad con el régimen. Es muy complaciente su posición con los dictadores», aseguró el presidente derrocado a pocas horas de iniciar la negociación. Tras pedirle a la OEA que no se preste a «maniobras», Zelaya denunció que el cerco militar que rodea la embajada impide ingresar a nueve dirigentes de su movimiento de apoyo y gabinete, de los que designará a quienes lo representen en la mesa.
Aeronticias considera que cabe resaltar que tres delegados de Micheletti y tres de Zelaya negociarían una agenda basada en el Acuerdo de San José, el plan del presidente costarricense Oscar Arias, apoyado por la OEA y la comunidad internacional. El jefe de una misión de parlamentarios europeos, José Ignacio Salafranca, dijo tras reunirse con ambos que la reinstalación «es el principal obstáculo». No obstante, el mandatario de facto admitió el lunes por primera vez la posibilidad de una restitución después de las elecciones, a fin de asegurarse que Zelaya no intentará -como teme- cambiar la Constitución para seguir en el poder.
Ante demandas fuera y dentro del país, Micheletti derogó el lunes el decreto con que suspendió el 27 de septiembre las libertades civiles, al amparo del cual sacó del aire a Radio Globo y Canal 36, críticos a su gobierno. Zelaya y sus seguidores vieron la decisión como una «burla» porque continúan cerrados los dos medios y se mantiene en prisión a decenas de opositores al golpe. Doce miembros del movimiento de opositores al golpe entraron en la embajada guatemalteca y pidieron asilo político, aduciendo persecución del régimen de facto, y su petición es estudiada en Guatemala.
La tensión va en aumento. Vigilados por la policía, cientos de habitantes de barrios populares desfilaron con velas y vestidos de negro, seguidos por autos que sonaban las bocinas en una céntrica avenida, primera marcha tras ser restablecidas las libertades. El cruce de mensajes, un día conciliatorios y otro inflexibles, las reuniones de último momento de funcionarios de OEA, políticos, empresarios y grupos sociales, aumentó la incertidumbre sobre el desenlace de 100 días de conflicto en este empobrecido país de 7,5 millones de habitantes.
«El ánimo es el más constructivo posible, de paz, de cambio, de poder restablecer a Honduras lo antes posible en la comunidad internacional. No venimos a imponer», expresó el asesor de Insulza, John Biehl. En Washington, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, reiteró el apoyo al plan de Arias. «Estamos trabajando muy duro para alcanzar un acuerdo en Honduras que permita llevar adelante las elecciones», dijo. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, que exigió garantías para su embajada en Tegucigalpa, insistió en que la solución pasa por la salida de Micheletti y el retorno de Zelaya. La premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, alertó que la crisis hondureña es también centroamericana.
