La medida consiste en fusionar diversos trámites administrativos al momento de recibir un expediente en vía de apelación. “En estos casos, la Sala fija fecha de vista de causa y remite el expediente al Ministerio Público, omitiendo la notificación de apelación a las partes, por ser innecesario para la marcha del proceso”, explicó el doctor Juan Miguel Ramos Lorenzo, presidente del tribunal.
En adición a esta acción, el tribunal ha determinado que en el caso de las resoluciones que requieran de dictamen fiscal, el día y hora señalado para la vista de causa será un medio de presión al Ministerio Público a fin de que devuelva el expediente antes de la fecha indicada, coadyuvando a la celeridad procesal.
El colegiado integrado por los jueces superiores Miguel Ramos Lorenzo, Ulises Yaya Zumaeta y Martín Hurtado Reyes asumió tal decisión jurisdiccional en el marco del lema institucional de “celeridad y transparencia”, a fin de contrarrestar la abrumadora carga procesal de cerca de cuatro mil expedientes.
Otra acción adoptada por los magistrados tiene carácter preventivo y se traduce en la confección de un “sello de advertencia de anticorrupción”, el cual es impreso en todas las cédulas de notificación.
Esta medida contribuye con la recta administración de justicia, buscando concienciar a las personas que recurren a los órganos jurisdiccionales a denunciar todo acto de corrupción que se presente.
El texto del sello señala: “La recta administración de justicia es tarea de todos. Nadie debe ofrecer dádivas pues será denunciado. Denuncie al que le pide coima y al que ofrezca su “mediación” en cualquier proceso en el Poder Judicial”.
