El asesinato de 72 migrantes en el Estado mexicano de Tamaulipas conmueve al mundo y dándole a la violencia generada por el narcotráfico una nueva dimensión. Si bien ni el narcotráfico ni la migración ilegal, como tampoco la trata de personas son problemas nuevos, la correlación entre estos tres sí, por lo menos en el grado de violencia e «internacionalidad». Lo particular es que México es el escenario en donde se mezclan estos tres problemas que además son potenciados por un Estado federalista – aún – débil, y en algunas zonas ausente, en su lucha contra las drogas y con una sociedad que no logra entender el sentido de ella; lo que redunda en falta de apoyo nacional.
El hecho de que las víctimas de Tamaulipas hubieran sido ciudadanos de Brasil, Ecuador, El Salvador y Honduras, como hasta ahora lo hacen pensar las pesquisas, deja en evidencia que el problema narcotráfico – violencia – migración ilegal es un gran problema regional que no sólo atañe a los países al sur de Río Grande, sino a los mismos Estados Unidos y a Europa. Si bien en América Latina está buena parte de los ganadores del negocio de las drogas, la mayoría de los consumidores está en el norte. Pero no sólo eso. Mientras Estados Unidos pone las armas, países como México, y desde mucho antes Colombia, están poniendo los muertos.
Red elaborada de secuestros de migrantes
Bildunterschrift: «El tren de la muerte»: un migrante centroamericano espera saltar a uno de los vagones.
En Europa, el capítulo británico de Amnistía Internacional (AI) es una de las pocas instituciones europeas que ha investigado los crecientes problemas a los que se ven enfrentados los migrantes ilegales que pasan por México. «Amnistía Internacional está preocupada por la matanza de 72 migrantes irregulares», ha dicho la ONG en un comunicado emitido en Londres. Según Rupert Knox, que dirigió una investigación cuyos resultados fueron publicados en abril de 2010, «en México hay una red elaborada de criminales que secuestra a migrantes en los trenes que se dirigen a la frontera con Estados Unidos. Estas personas son entonces obligadas por bandas a pagar un rescate que oscila entre los 500 y los 5.000 dólares.»
El que paga sale con vida, «quien no lo puede hacer es asesinado en el acto», agrega Knox. AI ha instado hoy en un mensaje de twitter, este 26 de agosto de 2010, al Gobierno mexicano a «actuar inmediatamente para poner fin a los secuestros y asesinatos de migrantes».
«El asesinato a sangre fría de migrantes indefensos tratando de llegar a los Estados Unidos para mejorar sus vidas y las de sus familias es la evidencia más clara de la escala y severidad de los ataques contra migrantes irregulares», dice AI desde Londres y pide la implementación de un claro «plan de acción en el cual todas las agencias clave como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y las autoridades estatales actúen de manera coordinada y efectiva».
Migrantes: el eslabón más débil de la cadena
Hasta ahora no se conocen mayores detalles sobre la masacre que ha prendido las alarmas en algunas instancias. «Es una muestra clara de cómo se agudiza la violencia ejercida en contra de los migrantes por parte de agentes ilegales y oficiales (…) Hemos constatado cómo las acciones de secuestro a migrantes se dirigen no sólo a solicitar rescate, sino a someterlos a condiciones de explotación laboral y sexual, y para fines ilícitos», ha dicho, por su parte, la sección mexicana de AI.
Una fuente de la Procuraduría General (PGR, Fiscalía) en Tamaulipas explicó que los secuestradores, miembros de la banda criminal de Los Zetas, les ofrecieron trabajo como sicarios con un pago de 1.000 dólares quincenales. Al escuchar la negativa de los indocumentados, empezaron a disparar contra ellos, añadió la fuente de la PGR citando el testimonio del que parece ser el único testigo de la matanza: un ciudadano ecuatoriano.
De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2009, sólo en seis meses, alrededor de 10.000 migrantes fueron secuestrados en México por células de Los Zetas o pandillas, y fueron sometidos a vejaciones que suelen quedar impunes por la corrupción de las autoridades. Por su liberación deben pagar hasta 2.500 dólares cada uno, dejando una ganancia a los delincuentes de cerca de 25 millones de dólares, señala el documento. Peor aún, «los carteles de las drogas secuestran migrantes para obligarlos a integrarse a sus organizaciones», reconoció en conferencia de prensa el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré.
Unión Europea cierra puertas y traslada el problema
«El caso de Tamaulipas se va a convertir en un emblema de la capacidad o incapacidad para hacer frente a los abusos contra los indocumentados en México», vaticinó Alberto Herrera, director de Amnistía Internacional (AI) en México.
A los problemas de la migración ilegal de miles de latinoamericanos hacia Estados Unidos, se agrega otro elemento que aún está pasando inadvertido: miles de africanos y asiáticos que se encuentran ante las puertas cerradas de la Unión Europea están llegando, con la ayuda mafias de tráfico de personas, a países como Argentina, Brasil y Colombia en busca de un mundo mejor. Y no pocos van rumbo a Estados Unidos, vía México.
Editor: José Ospina-Valencia
