El Estado reglamentó una ley para normar el tráfico ilegal de migrantes, así como para promover y ejecutar medidas contra la trata de personas, a las que se les garantizará un trato especial con asistencia integral y beneficios, a fin de que se apuren los procesos jurídicos de su situación.
Al mismo tiempo se mantendrá estricta reserva sobre la identidad de las víctimas y sobre las actuaciones fiscales, policiales y judiciales, respecto a cada caso en particular, sobre todo cuando existen niños y adolescentes implicados.
