(Aeronoticias).- El 10 de junio de 2010 en el aeródromo María Reiche de la ciudad de Nasca, narcoterroristas secuestraron una aeronave Cessna Grand Caravan, sin embargo el Estado Peruano a través de su autoridad competente, la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes no ha realizado la investigación administrativa de ley para someter a la Junta de Infracciones y Sanciones de la DGAC, a quien resulte responsable de haber permitido que se burlen los controles de seguridad del aeropuerto y se ingresen armas a bordo.
No se descarta que esta aeronave haya sido utilizada por el camarada Artemio con su logística de pistas clandestinas que le permiten seguir asesinando a soldados en el VRAE.
Llama la atención que la DGAC del Perú no se haya preocupado en coordinar con la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil CLAC y con las autoridades de Aeronáutica Civil de los países de la Región, con las Fuerzas Armadas y con otras organizaciones regionales de Aviación Civil y de seguridad, ya que el convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves de La Haya de 1970, tiene una tipificación del delito con un criterio más amplio que el Convenio de Tokio de 1963, afirmó Julian Palacín Fernández, presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Aeronáutico del ilustre Colegio de Abogados de Lima y presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo.
El jurista expresó que el Convenio de La Haya no se establecen las facultades del comandante de la aeronave, si no que se va directamente a las obligaciones de los Estados en los que se encuentre el presunto delincuente, a base de la detención o medidas similares, investigación preliminar sobre los hechos, notificación a los Estados interesados, restablecimiento de los poderes y atribuciones del comandante, facilidades para la continuación del viaje, devolución de la aeronave a sus legítimos poseedores y notificación al Consejo de la Organización de la Aviación Civil Internacional OACI de las informaciones que posea el Estado sobre la realización del delito y sus consecuencias.
Aeronoticias considera que el secuestro de la aeronave Grand Cessna Caravan es grave en perjuicio de la seguridad de la aviación civil, pero es más grave aun la inacción y pasividad de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes que no ha sometido a la Junta de Infracciones y Sanciones a los responsables adminstrativamente de las omisiones a la seguridad aeroportuaria, el Convenio de La Haya obliga al Perú y la ley 27261 es clara cuando dice que quien comenta una infracción aeronáutica, la Junta de Infracciones y Sanciones debe investigar y sancionar, necesitamos que se esclarezca este secuestro aéreo y que no se oculten los hechos y omisiones que originaron que un aeropuerto narcoterroristas ingresen armas a bordo y secuestren una aeronave.
