La Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales, a cargo de José Luis Echevarría, viene cruzando la información de los postulantes con los datos que recaba del Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial y la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
Echevarría Escribens anotó que similar indagación se realizará también con los candidatos al Congreso de la República.
Con relación a las Elecciones Municipales y Regionales del pasado mes de octubre, informó que la dirección de fiscalización detectó que 2013 candidatos no declararon sus antecedentes penales y 64 consignaron información inexacta de su historial penal.
Del mismo modo, dijo que 3751 candidatos habrían consignado grado o título que no estaba registrado en la ANR y, en otros 1307 casos, los datos no corresponderían a los que cuenta el órgano rector.
La Declaración Jurada de Vida de los candidatos a la presidencia y vicepresidencias de la República, viene siendo objeto de una permanente fiscalización por parte del órganismo electoral.
Dos ciudadanos, July García Paredes y Pablo Castillo Baradales interpusieron tacha contra un candidato del partido Juste, quien habría sido condenado a 4 años de cárcel el 28 de enero de 2010 en la Sala de Audiencias del Penal de Lurigancho en el caso del asesinato de la joven Juliana VIllacorta García y el 14 de mayo de 2010 recibió otra condena de 4 años de cárcel en el Segundo Juzgado Penal de Lima, en agravio del impugnante Pablo Castillo Bardales por apropiación ilícita, asimismo el mismo candidato de nombre Víctor Octavio Girao Alatrista fue expulsado por el Consejo de Ética del COlegio de Abogdos de Lima el 14 de setiembre de 2010, hechos que no habrían sido incluidos en la hoja de vida de este candidato, y es por ello que el Jurado Nacional de Elecciones habría expedido dos resoluciones reservandose su opinión respecto a estos cuestionamientos hechos por ciudadanos.
Los electores tienen derecho a conocer la verdad en la hoja de vida de los candidatos, es por ello que quienes aspiran a un cargo público están obligados a informar si tienen condenas vigentes aún cuando las mismas no hayan quedado consentidas.
