(Aeronoticias).- En uno de los casos más graves en la historia de los secuestros aéreos en el Perú, el piloto de la aeronave Cessna Gran Caravan Francisco Curto Villacorta el 9 de julio de 2010, presentó un informe a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Perú que publicamos en exclusiva y en el que cuenta con lujo de detalles que “pasajeros vestidos con polos y gorras azules que parecían ser de alguna empresa abordaron la aeronave a su mando”, dejando constancia que como piloto le pidió a seguridad del aeropuerto de Corpac en Nasca “que chequeara bien a esos pasajeros por si fueran delincuentes”, seguridad del aeropuerto le contestó que estarían atentos y que no se preocupara.
El piloto Curto dijo a la DGAC peruana que “mientras realizaba su pre-vuelo vio unas personas en actitud sospechosa en la zona de las casetas de venta, que está muy cerca de la zona de salida de pasajeros, y dijo que en pleno vuelo el copiloto “Jorge Ríos se levantó, salió de su asiento y se dirigió a atender a una pasajera supuestamente enferma llevando algodón y alcohol y en ese instante sintió, en la cien derecha un arma de fuego pequeña.
Esta declaración es prueba plena de que los secuestradores pasaron los controles de seguridad del aeródromo de Nasca con armas violando la ley de seguridad de la aviación, sin embargo funcionarios de la DGAC hasta la fecha no quieren, realizar la investigación administrativa e imponerle la multa a Corpac por la violación de la seguridad del aeródromo, omisión grave que afecta el prestigio y la seguridad jurídica que tiene que existir en el espacio aéreo, ya que nuestras autoridades tienen que actuar con transparencia e independencia y no prestarse a echarle tierra a esta investigación.
Está probado que se violó la seguridad en el aeródromo de Nasca y ello originó un secuestro de una aeronave valorizada en más de 2 millones de dólares que hasta la fecha no aparece y que seguramente está dedicada al tráfico ilícito internacional de estupefacientes en zonas liberadas por el narcotráfico entre la frontera de Bolivia y Brasil.
Las autoridades de aeronáutica civil deben cumplir con las normas vigentes, la Ley de Procedimiento Administrativo Peruana, Ley 27444 es clara, no hay prueba en contrario de que los secuestradores hayan utilizado otros instrumentos, el secuestro se realizó con armas, sin embargo la DGAC del Perú no quiere avanzar la investigación, ni expedir un informe fina, lo que tiene que ser puesto en conocimiento de las comisiones de transferencia del nuevo gobierno, ya que quienes resulten responsables de grandes omisiones deberían perder la confianza de quien asuma el Ministerio de Transportes el mismo 28 de julio de 2011.
El tráfico ilícito de drogas es un delito contra el derecho internacional y este secuestro aéreo lo realizaron narcotraficantes con identidades clonadas que burlaron impunemente la seguridad del aeródromo Maria Reiche de Nasca que estaba a cargo de CORPAC y que inclusive había contratado una póliza de seguros y reaseguros con AIG para responder por este riesgo, sin embargo los propietarios de la aeronave – reaseguradores del explotador, no pueden repetir para recuperar el valor del bien porque la Dirección General de Aeronáutica Civil no funciona o mejor dicho no quiere actuar como debe de acuerdo a las normas peruanas.
Hacer clic para ver el Informe de la Tripulación de la aeronave secuestrada que prueba que la DGAC peruana tiene las pruebas hace casi 11 meses y no quiere expedir su informe administrativo final, lo que agrava y perjudica el recupero del monto pagado por los reaseguradores del explotador contra los reaseguradores de Corpac.
