(Aeronoticias).- La parte del mensaje presidencial del presidente Ollanta Humala, dedicada al tema de la corrupción, ha sido, sin lugar a dudas, sumamente positivo, cuando ha finalizado ya un gobierno que, respecto a tan delicado tema para el país, sólo tardíamente, por un lado lanzó algunos fuegos artificiales; pero, por el otro lado, ha posibilitado, inclusive, la dación de normas, proclives a generar impunidad.
En nuestro país, constituye un lugar común reconocer que uno de los grandes males que tenemos que vencer, antes de partir en líneas seguras, hacia la senda del desarrollo, es la corrupción. Y ello es así, por que es un canto de sirenas afirmar que hemos logrado el desarrollo cuando tal riqueza se basa en la modestísima y sensible exportación de materias primas no renovables.
Entonces la mirada debe dirigirse el ahorro logrado y que aquél pueda ser dirigido hacia la industrialización más inteligente, aquella que no dañe nuestro patrimonio natural; y en relación a esto, precisamente, es que se tienen que poner barreras penales a quienes desearían desesperadamente realizar negociados, con tal dinero, al mismo estilo que hoy se descubre que se ha hecho con los mejores libros de la biblioteca nacional.
En tal sentido, que se proyecte normar la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos de cualquier tipo, en contra del patrimonio estatal es una buenísima noticia, que va de la mano, además, con las obligaciones que tiene el Perú, como firmante del Convenio Interamericano (CICC, adoptado en 1996) y el de las Naciones Unidas (CNUCC, adoptado en 2003) contra la corrupción.
También es sumamente positivo, que se proyecte la inhabilitación a perpetuidad, contra los autores y cómplices, de los delitos antes mencionados, terminando así con los gobiernos que parecían requerir, como perfil y requisitos de sus autoridades, que aquellos no sólo sean personajes discutidos sino que, además, hayan sido procesados y sancionados penalmente.
Igualmente podrá discutirse que será exagerado suspender las penas condicionales; pero, a nuestro entender, sí puede resultar útil ello, ya que bien se nota, en la práctica, que las penas condicionales, no preocupan absolutamente a los acostumbrados a enriquecerse de las arcas estatales, ya que aprecian que las normas no les impiden el retorno a la función pública.
Igualmente, que se eliminen los beneficios penitenciarios motivará a que los funcionarios piensen muchas veces antes de incurrir en delitos y de tal modo, las medidas peruanas contra la corrupción constituirán un hito histórico, que podría motivar a torcerle el brazo por fin a tan mortal enemigo.
* Doctor Pedro M. Angulo Arana, Profesor universitario, ex fiscal superior de Lima.
