(Aeronoticias).- El domingo que acaba de pasar, hemos percibido a través de noticieros nacionales e internacionales, gravísimos hechos de violencia que han ocasionado la pérdida de muchas vidas de inocentes personas, en el hermano país de México.
Unos de los ilícitos causados por delincuentes organizados en grupos mafiosos, fue el incendio de una discoteca, en la que murieron muchas personas inocentes, lo que fue atribuido a la actitud valiente de los dueños, de no dejarse intimidar y haberse negado a pagar los cupos establecidos por una banda armada.
En otro hecho, tan igual de violento y sangriento, con ocho víctimas inocentes, otra de aquellas bandas mexicanas, se enfrentó a las fuerzas del orden, en las calles, durante varias horas, con armas de largo alcance, haciendo evidente la debilidad de las últimas para recuperar el control y generar seguridad en su población.
Además, desfilaron antes nuestros ojos, muchas escenas de increíble violencia delincuencial, en que se apreciaban ataques armados contra policías o personal de seguridad, quienes resultaban masacrados, en lugares públicos y ante la presencia de muchas personas, que potencialmente podían también recibir disparos, pues los delincuentes no se median de ninguna manera.
Tales escenas nos han consternado en demasía, puesto que nos motivan a pensar que en nuestro país, también se ha descuidado muchísimo el tema de seguridad y el combate a la delincuencia, habiendo dejado que esta se fortalezca de modo increíble, y ya se han percibido, claramente, los resultados de aquella actitud indolente.
Ello mismo ha motivado, una actitud plausible del nuevo gobierno, obligando a que el mismo presidente, encabece el Consejo de Seguridad Ciudadana; sin embargo, ello corre el peligro de constituirse en apenas algo simbólico, sino se toma al toro por las astas y se aprueban ya, un paquete de medidas coherentes y proporcionales al mal que se pretende combatir.
La idea debe partir de considerar que ya estamos en una situación de grave peligro, pues las bandas organizadas, se han fortalecido mucho a la sombra de operadores de justicia equivocados, que pretendiendo constituirse en abanderados de un mal entendido garantismo, son en realidad, los mejores aliados de la impunidad y del fortalecimiento moral de los delincuentes.
Ello nos lleva a considerar, que el tema pasa por el cambio normativo; pero, también requiere aterrizar en la formación del criterio de los magistrados, para que asuman también, que ellos, jueces y fiscales, son parte de la ejecución de una política criminal, que debe guardar principios y garantías; pero, que no puede ser boba.
Son los pueblos y los ciudadanos inocentes, los que posteriormente pagan el precio de los ensayos de quienes pretenden entender el funcionamiento de la política criminal, cuando apenas lo que hacen es obedecer acríticamente al discurso de teóricos que nunca han participado de la administración de justicia y menos sufrido las consecuencias de los discursos carentes de comunicación con la práctica.
Entre nosotros, se ha perdido un tiempo valioso, pues se han dado normas en las que tempranamente se han advertido errores graves, que de modo increíble se vienen manteniendo, a pesar de haber sido señalados; quizá por el hecho, de que tales normas se ha dispuesto que se apliquen a los funcionarios de la última época, que se han enriquecido a costa del Estado.
En tal aplicación, evidentemente, no hay nada inocente, sino la intención de favorecimiento, a quienes prácticamente han asaltado al Estado, sin miramiento alguno; ocurriendo que el favorecimiento a “los amigos”, determina igual beneficio para todos los delincuentes; determinado, por el contrario, la desmoralización de todos los organismos vinculados a la persecución del delito.
Tal perspectiva impone, por tanto, la necesidad de reforzar a tales instancias, tanto con presupuesto como con nuevo capital humano, para también movilizarles a ocupar el lugar que les corresponde en el combate, haciéndoles así percibir de modo concreto, que detrás de ellos se encuentra la genuina voluntad del Estado, de apoyarles en procura del cumplimiento de los objetivos comunes.
Sólo con una política que comprenda, a todo nivel, el reforzamiento de tales instituciones, comenzando por la policía nacional, se podrá emprender una política rigurosa y quirúrgica, atacando el delito desde su organización más profunda, a través de acciones propias de los pesquisas y apuntando a las colaboraciones eficaces, que quiebren desde dentro el espinazo de las mafias.
Por. Dr. Pedro M. Angulo Arana, Profesor universitario, ex Fiscal Superior de Lima
