(Aeronoticias).- A través de un comunicado oficial, el Gobierno peruano anunció que reforzará su lucha contra la minería informal, tras obtener facultades legislativas en temas de interdicción y criminalidad en ese sector por 120 días.
El mencionado documento indica que las operaciones conjuntas de policías y militares serán la principal herramienta para combatir este delito que además contamina el medioambiente y contribuye a la trata de personas en las zonas aledañas.
Entre las facultades legislativas que se le otorgan al Ejecutivo está la de regular el uso del ámbito geográfico destinado a la gestión de recursos mineros, las zonas de exclusión minera, decidir la suspensión de otorgamiento de concesiones y el uso de dragas, entre otras potestades.
También se fortalecerá el marco legal para investigar, procesar y sancionar a personas involucradas en lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal.
Cabe precisar que esta nueva ley que otorga estas facultades al Ejecutivo entró en vigor el viernes.
Según datos oficiales en el Perú, la minería informal mueve más de 1.000 millones de dólares al año e involucra a unas 100.000 personas.
