(Aeronoticias).- El «lobby» de los productores rurales en la Cámara Baja de Brasil impuso hoy una dura derrota al gobierno de Dilma Rousseff, al aprobarse un Código Forestal que, a juicio del gobierno y de ambientalistas, concede amnistía a los responsables de tala ilegal de bosques y abre camino a más deforestaciones.
Con el apoyo de gran parte de los diputados aliados del gobierno, la Casa legislativa aprobó, por 274 votos favorables, 184 contrarios y dos abstenciones, un polémico proyecto que cambia varios puntos del texto que había sido aprobado en diciembre por el Senado y que era apoyado por el gobierno.
Los miembros de la llamada «bancada ruralista» -que representan los intereses de los terratenientes en el Congreso- rechazaron luego todas las propuestas de cambio en el texto que buscaban restablecer las sanciones para deforestadores retiradas por el autor del proyecto, el diputado oficialista Paulo Piau.
Entre otras cosas, Piau excluyó del texto la disposición que suspende la concesión de créditos oficiales para productores que no asuman el compromiso de recuperar parte de las áreas deforestadas ilegalmente, lo que supone una amnistía a los responsables de talas irregulares.
Además, el diputado del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) -el principal socio de la coalición oficialista encabezada por el Partido de los Trabajadores (PT)- retiró la disposición que obligaba a los propietarios rurales a informar al gobierno la marcha del proceso de recuperación de áreas de bosques destruidas.
Piau defendió su propuesta alegando que se limitó a proteger a «áreas productivas consolidadas» y sostuvo que el gobierno no puede acusar «de ser criminales» a productores rurales que desde hace décadas ocupan con sus cultivos regiones que hoy son consideradas reservas de preservación ambiental.
Desde el punto de vista político, la aprobación del proyecto representa un duro traspié para Rousseff, quien en menos de dos meses recibirá en Río de Janeiro a alrededor de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno que intervendrán en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Río+20).
Para los ambientalistas, en la práctica el Código Forestal aprobado hoy por la Cámara Baja anula los efectos del proyecto que salió del Senado y que, según el gobierno, le permitiría a Brasil recuperar unos 30 millones de hectáreas de bosques destruidos en los últimos años.
Según Greenpeace, el resultado de la votación en la Cámara Baja significa «el inicio del fin de los bosques en Brasil», al aprobar una ley que concede amnistía a los que destruyeron bosques y abre camino a un aumento de la deforestación.
«Hemos asistido al secuestro del Congreso por los ruralistas. La presidenta que tenía la más amplia base de apoyo parlamentario de la historia de este país fue derrotada por 274 votos de un grupo de ruralistas que se infiltró y contaminó la estructura democrática brasileña como un cáncer», afirmó el director de la campaña Amazonia de Greenpeace, Paulo Adario.
Asimismo, el diputado Alfredo Sirkis, del Partido Verde (PV), dijo que el texto aprobado hoy representa «un retroceso espantoso en la política ambiental brasileña», y sólo atiende a los intereses «de los especuladores de tierras, que ganarán una fortuna cuando ya no haya necesidad de recuperar áreas de preservación permanente, lo que valorizará sus terrenos».
Adario afirmó que el futuro de los bosques brasileños está ahora en manos de Rousseff, quien, a su juicio, debe vetar el proyecto y cumplir la promesa hecha durante su victoria presidencial de 2010, cuando aseguró que su gobierno no concedería amnistía a responsables de delitos ambientales ni tampoco permitiría nuevas deforestaciones.
El líder del gobierno en la Cámara Baja, Arlindo Chinaglia, había anticipado este martes que, en caso de que fuese aprobado el proyecto de Piau, la mandataria recurriría a su poder de veto. Lo mismo dijo el ministro de Desarrollo Agrario, Pepe Vargas.
Sin embargo, el veto presidencial, además de suponer un desgaste en las relaciones con los partidos aliados, también representa un riesgo, ya que puede ser anulado a la postre por los diputados.
Editor: Enrique López
Deutsche Welle / DPA
