MP de Lambayeque inicia investigación a Gregorio Santos

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(Aeronoticias).- La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo inició una investigación de oficio contra el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos Guerrero, por el presunto delito de apología de rebelión, en agravio del Estado.

La investigación se inició en virtud a las declaraciones vertidas por la autoridad regional durante un mitin en la Plaza de armas de Cajamarca, el 5 de junio, las cuales fueron difundidas en los medios de comunicación.

La fiscal provincial María Cira Rojas Chupillón, representante de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo,  emitió una disposición para iniciar las diligencias de investigación preliminar de acuerdo a ley.

El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Lambayeque, Alejandro Lamadrid Ubillús, precisó que la intervención del Ministerio Público se sustenta en la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1344-2012-MP-FN, firmada por el fiscal de la Nación, Dr. José Antonio Peláez Bardales, que resuelve ampliar la competencia territorial y funcional de los fiscales de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo y de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelación de Lambayeque.

Lamadrid Ubillús, precisó que dichas fiscalías se mantendrán alertas respecto a los hechos que se vienen suscitando en Cajamarca, debido a las movilizaciones promovidas en contra del proyecto minero Conga.
MP de Lambayeque inicia investigación a Gregorio Santos
Desde la publicación de la norma, el 31 de mayo, a la fecha en el Distrito Judicial de Lambayeque se abrieron carpetas fiscales de investigación preliminar contra más de veinte investigados por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, contra medios de transporte común y otras obras públicas, desobediencia y resistencia a la autoridad, contra el patrimonio y abuso de autoridad.

Asimismo, dio a conocer que en las últimas horas, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra tres intervenidos por los presuntos delitos de disturbios, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, violencia y resistencia a la autoridad agravada; sin embargo, el juez de investigación preparatoria consideró declararla infundada.

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