(Aeronoticias).- La formalización del comercio y las actividades económicas en el país, como en el caso de La Parada, debe ser abordada como política de estado por el Acuerdo Nacional, propuso hoy el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Samuel Gleiser.
“Al margen de la cuestión policial, el caso de La Parada nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de llevar adelante un proceso de formalización de todos los informales del país que representan el 68 por ciento del PBI”, declaró a la agencia Andina.
Precisó que La Parada es solo un caso entre miles, cuya característica principal es la falta de tributación al erario nacional y la evasión de una serie de obligaciones con el Estado, lo que impide ampliar la base tributaria.
Como representante empresarial, indicó que la informalidad es un problema serio en el país, de “magnitudes impresionantes”, y que su reordenamiento o combate requiere un plan de largo plazo, de por lo menos diez años.
“Hablamos de una situación complicada que requiere un proyecto de años. Por eso es necesaria que la formalización de la economía sea abordada como una política de estado, cuya elaboración depende del Acuerdo Nacional”, precisó.
Adelantó que la Cámara de Comercio de Lima presentará la próxima semana un estudio completo sobre el costo de la informalidad, frente al trabajo desempeñado por los negocios y empresas formales del país.
Para graficar la magnitud del problema, refirió que de los casi 3 millones 300 mil empresas en el Perú, un aproximado de 2 millones 500 mil son informales, con los consecuentes perjuicios al erario nacional.
“Y hay informalidad no solo en las actividades productivas, sino también en otras ramas como el transporte y los servicios. Mientras no haya un plan bien estructurado, con participación de todos los actores involucrados, controlar la informalidad será complicada”, dijo.
En ese sentido, comentó que el Acuerdo Nacional sería la instancia indicada para debatir la formalización como política de estado, porque en esa plataforma de diálogo se reúnen las autoridades de gobierno, los partidos políticos con representación parlamentaria, y agrupaciones de la sociedad civil.
Agencia Andina.
