(Aeronoticias).-Poco a poco el misterio se va revelando, recién el martes la Diputación provincial, dio a conocer que de los 200 millones anunciados con bombos y platillos por el presidente de Aerocas, Carlos Fabra, 87,5 irán destinados a la compra de la infraestructura como tal. Hasta la fecha, el coste del polémico aeródromo asciende a 138,5 millones (111 millones la obra, 11,18 de revisión de precios, 4,1 millones por el coste de la novación del contrato en marzo de 2011 y otros casi doce millones en asistencias técnicas).Desde el Consell apenas se habían hecho aclaraciones al anuncio de Carlos Fabra. “Unos cien irán para la compra y los otros cien en inversiones”, dijeron.
Cabe señalar que ha sido finalmente el presidente de la Diputación quien ha facilitado la cifra en una contestación por escrito remitida al diputado del Bloc, Enric Nomdedéu, quien remitió toda una batería de interpelaciones al respecto. El resto, hasta rozar los 200 millones, sería la inversión privada del grupo destinada a las obras necesarias para poder operar en base a sus previsiones. El misterioso grupo hispanolibio quiere utilizar la base de Vilanova d’Alcolea como un aeropuerto de mercancías, lo que lo alejaría de su principal objetivo, que no era otro que el de servir para la promoción del turismo.
Como se recuerda se firma el contrato para la construcción del aeropuerto de Castellón por 127 millones de euros (se licitó por 113,8). El plazo de ejecución era de unos tres años. Llevamos diez años y el aeropuerto está acabado pero sin los permisos para operar y sin acuerdos con aerolíneas. En 2004 inician las obras (sin los correspondientes permisos como ha quedado acreditado por una reciente sentencia del Supremo). Aerocas firma ese año los primeros contratos de patrocinio para publicitar el aeropuerto y que se han prolongado hasta hace poco.
El plan director del aeropuerto de 1998 fijó una previsión de 100.000 pasajeros para el primer año. En 2003 Mott MacDonald hizo otro estudio y los fijó en 600.000. Aerocas firmó entonces una cláusula por la que se comprometía a pagar a la concesionaria seis euros por cada pasajero de menos. En 2006, 2007 y 2010 se encargaron más estudios y ninguno fijó la cifra de MacDonald. Todos se quedaron muy por debajo: 255.000, 300.000 y 500.000. Finalmente, Conaer estableció en 2011 una previsión de 300.000 pasajeros para el primer año. Entonces Aerocas quitó la cláusula de los seis euros.
La Sindicatura de Cuentas ha fijado en 138,5 millones el coste de la obra, la revisión de precios y las asistencias técnicas. En esta cifra no entran los 18 millones por la paralización de Fomento que ha pagado la Generalitat a la exgestora, ni los 20 millones presupuestados en seguridad privada, equipos de la torre de control y la subestación eléctrica, que también asume el Gobierno valenciano.
De concretarse esta oferta, la Generalitat acabaría asumiendo la mayor parte de un aeropuerto que nació con vocación privada al venderlo por debajo de su costo. Desde el Gobierno valenciano descartaron pronunciarse sobre esta oferta, alegando que son cuestiones de la negociación abierta.
Las respuestas de Moliner advierten, de que el grupo hispanolibio ha puesto como requisito que se resuelva la incógnita sobre la indemnización que deberá recibir la exgestora del aeropuerto, Concessiones Aeroportuarias (Conaer). La filial de Globalvía (participada por Lubasa, PGP y Albertis) reclama por la vía contenciosa el pago de 126 millones más IVA por la ruptura del contrato. De ese importe habría que descontar los 44 millones de euros del préstamo participativo que Aerocas concedió a la empresa y cuyo pago pasaría a asumirse por la Generalitat. Es decir, la indemnización final coincide con el “importe efectivo” que ha propuesto el grupo hispanolibio, con lo que la Generalitat casi pagaría lo mismo que recibiría.
Pero al coste de la obra hay que añadir más gastos de dinero público como los 18 millones pagados a Conaer por la paralización del Ministerio de Fomento. Además, en 2006 se firmó un nuevo acuerdo por el que la empresa pública del aeropuerto pasaba a asumir otros costes como el pago de la subestación eléctrica, los equipos de la torre de control y la seguridad privada del recinto. En total, cerca de 20 millones más.
Todos estos gastos han repercutido en una deuda millonaria que en estos momentos debe asumir Aerocas (participada en un 99,9% por la Generalitat y el resto por la Diputación. Según el último informe de la Sindicatura de Comptes, la empresa ha contraído una deuda de 99,65 millones. Los vencimientos se prolongan más allá de 2017 y superan los 118 millones por los intereses.
