(Aeronoticias).- En el mes internacional de la lucha contra la no violencia a la mujer, se publicó el libro «Principios para una doctrina ética en la abogacía peruana que sancione disciplinariamente la violencia moral contra la mujer», del autor Omar Moreyra Moreyra, miembro de la 21º Comisión de Investigación Ética de la Dirección de Ética Profesional del CAL.
El jurista le ha remitido su obra académica al Decano del Colegio de Abogados del Callao (CAC), Dr. Nivardo Francisco Cano Rivera, a su secretaria general, Dr. Mercedes Rosario Guizado Salcedo, y a su Consejo de Ética, Presidido por el Dr. Smith Otárola Benavides, e integrado por el Dr. Alfredo Barrera Flores y el Dr. Juan Eduardo Peña Figueroa.
En la misiva, el creador de esta nueva doctrina, que aplicaría todos los Colegios Profesionales de la República, basó su investigación académica en la investigación disciplinaria que viene llevando el CAC en el expediente 005-2012 contra su agremiado, Víctor Octavio Girao Alatrista, quien hasta la fecha, no obstante haberse probado las graves faltas contra la ética profesional en agravio de una mujer, de su hija asesinada, y de su familia, no ha sido expulsado ni por el Colegio de Abogados de Lima (CAL), ni por el Colegio de Abogados del Callao, dijo.
Dentro de este contexto, expresó, los abogados somos promotores y defensores de la justicia y del derecho como supremos valores, defendemos y difundimos los derechos humanos, y no los violamos. Y los colegios profesionales deben sancionar las in-conductas de sus agremiados en casos como el que me tocó investigar durante el primer semestre del 2012 en la 21º Comisión de Ética Profesional Expediente 155-2012, en donde se descubrió que un agremiado que primero había sido expulsado por el Consejo de Ética del CAL por haber aconsejado a su cliente a desaparecer el cadáver de la víctima y que, finalmente, el Tribunal de Honor del CAL, en una controvertida Resolución, le bajó la sanción a un año, permitiendo que el abogado se incorpore al Colegio de Abogados del Callao para seguir ejerciendo con la colegiatura 7591, y de esta forma burlarse de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la Corte Superior de Justicia del Callao, del CAL, del Colegio de Abogados del Callao, y en una prueba demoledora para la ética de la abogacía peruana, el agremiado suspendido interpone ante el Poder Judicial una acción de amparo contra el CAL, que por supuesto perdió Víctor Girao en el Decimo Juzgado Constitucional y en la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de justicia de Lima . Lo anecdótico e antiético es que firmó la demanda Constitucional en el Expediente 23553-2011 como abogado habilitado, estando inhabilitado en todo el territorio nacional, de conformidad con el artículo 53 del Código de Ética Profesional de los colegios de abogados del Perú. Cabe agregar que la Dirección de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Lima ya habría culminado la investigación disciplinaria Expe. 155 2012 en este caso de violencia moral contra la mujer y en las próximas semanas se expediría la sanción contra el abogado infractor que la sociedad espera sea ejemplarizadora para lanzar un mensaje positivo a la comunidad jurídica nacional de que la ética y la mujer se respetan.
Mientras tanto, el abogado suspendido, para tratar de desacreditar la Resolución de suspensión que le había impuesto el 11 de septiembre de 2011, el Tribunal de Honor del CAL, que preside Fernando Vidal Ramírez, no tuvo mejor idea que hacer de vídeoreportero, viajar a Iquitos, filmar y entrevistar a cuatro supuestos testigos y colgar el vídeo en internet http://www.victorgirao.com/2012/07/juliana-prostituta/, en el cual se difama a la madre de la joven asesinada, a su esposo, a su familia y a la memoria de una niña que, ya enterrada hace seis años, no tiene posibilidad de defenderse.
Meses después, dos de las supuestas testigos confesarían ante la Dirección de Ética Profesional del CAL que fueron contratadas por el abogado infractor con el pago de 100 soles a cada una para que mientan y difamen a una joven que jamás habían conocido.
Ver video donde Lina Araujo y Edna Flores confiesasn que Girao las contrató con el pago de 100 soles para difamar a la joven asesinada, a su madre y a su familia.
Mientras tanto, ya han pasado más de un año y el Consejo de Ética del Colegio de Abogados del Callao no anula la colegiatura del abogado infractor, tampoco lo sanciona, lo que nos demuestra que el control deontológico no existe. Se está desprestigiando la abogacía y los colegios profesionales se deslegitiman ante la sociedad cuando permiten que sus agremiados ejerzan violencia moral contra la mujer y contra la familia.
Este el caso más grave en la historia de la ética de la abogacía peruana. Lamentablemente los procedimientos de ética en el CAC y CAL tardan una eternidad, lo que nos hace pensar que la justicia que tarda no es justicia mientras una mujer sufre la más brutal de las agresiones, la agresión moral que lee todos los días en internet en donde una abogado y su grupo no tienen piedad porque lamentablemente el CAC y CAL todavía no lo sancionan debidamente y lo expulsan para toda la vida.
Cabe agregar que la dirección de ética profesional del Colegio de Abogados de Lima ya habría culminado el expediente 155-2012 en su etapa de investigación y que en las próximas semanas el Tribunal de Ética tendrá que expedir la Resolución disciplinaria sancionadora que la sociedad espera sea ejemplar para que la abogacía peruana lance un mensaje positivo de ética y respeto a los derechos de la mujer y la familia, y no de inmunidad e impunidad para aquellos abogados que violan el código de ética y ejercen violencia moral contra la mujer y la familia.
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