Como sus predecesores, Clinton y Bush, la disposición del presidente deja sin efecto el artículo 3 de la Ley Helms-Burton. Ayer, los gobiernos de La Habana y Washington habían reanudado conversaciones sobre política migratoria tras 6 años.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, comunicó al Congreso su intención de suspender durante seis meses la aplicación de uno de los cuatro capítulos de la polémica Ley Helms Burton, aprobada en 1996 para endurecer el embargo a Cuba.
En una carta enviada ayer a los presidentes de los comités de Asuntos Exteriores y de Asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado, Obama aseguró que la suspensión «es necesaria para los intereses nacionales de Estados Unidos y para acelerar la transición a la democracia en Cuba», reseñó Europa Press.
La suspensión, similar a la ordenada por sus predecesores, George W. Bush y Bill Clinton, afecta al capítulo tercero de la Ley Helms Burton, que permite iniciar acciones judiciales en Estados Unidos contra empresas que negocian con bienes norteamericanos confiscados por la revolución.
El anuncio se conoció un día después de que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba reanudaran en Nueva York las conversaciones formales entre ambos países sobre asuntos migratorios suspendidas desde hace seis años.
Esas negociaciones comenzaron en 1994 tras la masiva oleada de cubanos que llegaron a las costas de Florida en pleno «periodo especial», la grave crisis económica que atravesó Cuba tras el derrumbe del bloque soviético, y fueron interrumpidas en 2003 por Bush.
La denominada «Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana», más conocida como Ley Helms Burton, fue promulgada por el entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton el 12 de marzo de 1996.
Identificada por los nombres de sus principales promotores, el senador por Carolina del Norte Jesse Helms y el representante por Illinois Dan Burton, la legislación endureció en su momento las medidas contra el gobierno cubano.
Establece que cualquier compañía no estadounidense que tenga tratos con Cuba puede ser sometida a represalias legales, y que los dirigentes de la compañía pueden ver prohibida su entrada en Estados Unidos.
Esto significaba que compañías internacionales debían elegir entre tener relaciones comerciales con Cuba o con Estados Unidos.
La polémica ley exige al presidente de Estados Unidos que «al prestar asistencia económica a Rusia y a las democracias euroasiáticas emergentes», tome en cuenta las medidas que éstas adoptan para «poner fin al régimen comunista de Cuba, incluida la retirada de tropas, el cierre de instalaciones militares y la cesación de los subsidios comerciales y de la asistencia económica, nuclear y de otra índole».
Además, acusaba al gobierno cubano, encabezado entonces por Fidel Castro, de amenazar la paz y la seguridad internacionales «al enfrascarse en actos de subversión armada y terrorismo tales como el entrenamiento y suministro de grupos dedicados a la violencia internacional».
La norma señala que su propósito es ayudar al pueblo cubano a «recuperar su libertad y prosperidad y a sumarse a la comunidad de países democráticos que florece en el hemisferio occidental».
